Más de 200.000 personas, según los datos oficiales de la Delegación de Gobierno, 670.000, según convocantes, han recorrido este domingo algunas de las principales calles de Madrid agitando pañuelos blancos para denunciar el “estado crítico” de la sanidad pública en la comunidad y mostrar su rechazo al plan de urgencias extrahospitalarias. Una situación provocada también, en parte, por la mala situación que la sanidad española, en general, atraviesa en estos momentos.
El personal sanitario que ha decidido secundar la protesta ha desarrollado el recorrido con normalidad hasta Cibeles, donde se ha instalado un escenario en el que varios portavoces vecinales han hecho lectura de un manifiesto donde los convocantes, principalmente, han reclamado una mayor inversión en Sanidad, principalmente en Atención Primaria, el primer nivel asistencial.
También reclaman un incremento del personal sanitario y mejores condiciones laborales. “Porque hay que cuidar a los que nos cuidan”, defienden desde los colectivos que apoyan este acto como un reconocimiento “a los héroes que en la pandemia dieron la cara por todos”. “Nos necesitan y no vamos a fallarles”, indican.
“Nadie contrataría un seguro médico privado en el que los sanitarios tuvieran solo cinco minutos para atenderte. Pues eso es lo que están haciendo con la sanidad madrileña. Falta tiempo y faltan sanitarios”, ha defendido en esta misma línea la doctora Hoyos, quien ha reclamado también la mejora de las condiciones de trabajo para que vuelvan los médicos que dejaron España y motivar a los jóvenes a seguir con “una profesión esencial”.
Esta manifestación ha coincidido además con el último día de la huelga convocada por los sindicatos SummAT, Mats, CSIF, Afem y AME, que llamaron a los profesionales a secundarla del 11 al 13 de noviembre, tras la mantenida el fin de semana anterior.
Atención Primaria en constante crisis
En la línea de las protestas, hay que recordar que, en los últimos años ha crecido el número de pacientes en que van a la consultas y a la vez, se ha reducido el número de centros, por lo que la situación de crisis ha aumentado. Según reflejó la última actualización del Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP), publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad, la población asignada al primer nivel asistencial en España a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) era de 46.655.391 personas en 2021, la cifra más alta registrada desde el 2011.
Al mismo tiempo, el SNS también ha registrado el mayor número de consultas ordinarias atendidas en Atención Primaria desde que los primeros registros, en 2007. En concreto, en 2021 se atendieron 453.023.901 consultas a través de los consultorios locales, centros de salud, teleconsulta y atención a domicilio. Los datos indican que fueron aproximadamente 73,8 millones de consultas más que las de 2020.
Y, a ello, hay que sumar el descenso del número de centros de Atención Primaria. Según las cifras registradas por el SIAP, en 2021 había un total de 13.051 espacios de este tipo en el conjunto del SNS. No había tan pocos centros de esta categoría desde el año 2005, cuando se contabilizaron 12.891. Desde entonces ha ido incrementando, aunque desde 2017 no para de caer esta cifra.
Un contexto, en el que la gota que faltaba para que el vaso del primer nivel asistencial se bose y se adentre en un escenario de crisis constante es la falta de profesionales. Con datos recopilados hasta 2021, en Atención Primaria había disponibles 36.075 equipos, de los que 29.509 eran médicos de familia y comunitaria y 6.364 eran pediatras.
Una responsabilidad de todos
Otra de las claves que se ha tratado durante la manifestación y que, a su vez, ha sido destacada en el manifiesto, ha sido el hecho de que la gestión de la Consejería de Sanidad “potencia el modelo de colaboración público privada”, lo que supone que “de cada dos euros presupuestados para la sanidad pública en Madrid, uno termina en bolsillos privados”.
Y es que, a pesar de que muchos expertos siguen intentando defender el papel de la colaboración público privada como herramienta clave para avanzar en la calidad de la sanidad a nivel general pues según afirman, “se trata de una herramienta que puede aportar mucho a la hora de conseguir reducir los plazos de desarrollo de tratamientos, medicamentos y aceleración de diagnósticos”, así como “mejorar la atención al paciente”.
En definitiva, en este sentido, reivindican el 25 por ciento del presupuesto de sanidad para la Atención Primaria, el blindaje de la sanidad pública con la derogación de las leyes que permiten la privatización sanitaria y el aumento de las plantillas tanto en los centros de salud como en las urgencias con contratos “dignos y estables” que frenen el éxodo de profesionales de Madrid a otros lugares. La reducción de las listas de espera, la medicalización de las residencias, el impulso de la Ley de Dependencia y la atención presencial también figuran entre sus demandas.
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