El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha difundido las cifras de contratación relativas a 2022. Mientras que en el último año la contratación de la población general ha experimentado un descenso del 5,5% respecto a 2021 —debido principalmente a la caída de contratos temporales y formativos tras la última reforma laboral— y se sitúa aún un 18,6% por debajo de tiempos prepandemia (2019), la contratación de personas con discapacidad ha arrojado datos muy positivos. Con un crecimiento interanual del 8%, se sitúa ya un 5% por encima de 2019 y alcanza una cifra récord en la serie histórica. En concreto, en 2022 las personas con discapacidad han suscrito 123.515 contratos en nuestro país, frente a los 114.315 de 2021 y los 117.818 de 2019. Si echamos la vista más atrás, observamos que el número de contrataciones se duplica respecto a hace una década, cuando se situaba en 61.008.
Según Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, “este dato tan positivo que nos deja 2022 responde a los muchos esfuerzos que se están llevando a cabo en materia de Diversidad, equidad e inclusión en los últimos años. Estrategias fundamentales para lograr sociedades más inclusivas, pero también para construir compañías más competitivas, en las que haya espacios y oportunidades para todos”.
Se cumplen, por tanto, las optimistas previsiones que situaban a 2022 como el año con la cifra récord de contratación de personas con discapacidad, coincidiendo además con el 40 aniversario de la LISMI, hoy Ley General de Discapacidad, que supuso la primera normativa sobre inclusión laboral de personas con discapacidad. A este respecto, el directivo señala que: “Aunque estamos en el camino correcto, todavía quedan muchos otros éxitos por alcanzar. Por un lado, mantener esta tendencia positiva en las cifras de contrataciones en los próximos años, que no sea un simple espejismo por la esperada recuperación tras el parón que supuso la pandemia; y por otro, tratar de que se vea reflejada en parámetros que aún evidencian una importante desigualdad”.
Un ejemplo de algunos de estos desafíos que se mantienen vigentes y que dificultan la plena inclusión de las personas con discapacidad es su escasa participación en el mercado laboral. En 2021 la tasa de actividad se sitúo en el 34,6%, es decir, casi dos de cada tres personas con discapacidad en edad laboral no tienen empleo ni lo buscan. Es cierto que esto supone un incremento de tres décimas respecto a la tasa de actividad de 2020, pero aún es un porcentaje muy bajo para alcanzar el propósito de la plena inclusión. “Para revertir esa escasa participación habría que apostar por actualizar las políticas activas de empleo, así como mejorar la colaboración público-privada”, añade Mesonero, quien también destaca “la importancia de acabar con la brecha formativa que sigue afectando a las personas con discapacidad. Dotarles de los recursos y herramientas formativas necesarios hará que no se queden atrás y puedan ser competitivos en un mercado tan exigente y cambiante como el actual”.
Por último, la penetración de los trabajadores con discapacidad en el mercado laboral ordinario representa otro de los grandes retos: actualmente, el 71% de los contratos se suscriben en el ámbito protegido, esto es, en Centros Especiales de Empleo (CEE). Una cifra muy elevada, pero que ha experimentado un importante descenso en el último año (en 2021 alcanzaba el 75%). “Este es el camino —asegura Mesonero—, pero debemos ser conscientes de que aún queda mucho por hacer para revertir estos porcentajes. Los Centros Especiales de Empleo son un recurso indispensable para la inclusión de las personas con discapacidad, deben ser un medio, pero no la meta final de su trayectoria profesional. La inclusión alcanza su mejor versión en la empresa ordinaria, donde las personas con discapacidad conviven con trabajadores con y sin discapacidad en un mismo espacio y por un mismo propósito”, concluye Mesonero.
