El anuncio, realizado el pasado 12 de enero, del vicepresidente de Vox de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sobre las posibilidad de imponer unas nuevas medidas en su comunidad en contra del aborto, fue el pistoletazo de salida para que el Gobierno de España mostrara su total desacuerdo y emitiera el domingo 15 un requerimiento en contra.
En concreto, según anunció el vicepresidente las medidas provida que implantaría en la comunidad autónoma consistirían, en resumen, en ofrecer a las embarazadas, quieran o no proseguir con la gestación, ayuda psicosocial, la escucha del latido fetal antes de la semana 12 y ecografías 4D “para poder ver en tiempo real un vídeo con la cabeza, las manos, los dedos, los pies… del niño que está siendo gestado”, explicaba García-Gallardo. Una cuarta medida consistiría en velar por el derecho a la objeción de conciencia, procurando “que no existan listas negras”, apuntaba el vicepresidente.
Ante tal afirmación, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Sanidad, instaba al gobierno autonómico a que se abstuviera de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnerara lo recogido en la ley de interrupción voluntaria del embarazo promovida por el mismo Gobierno Además, especificaban que “el Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición” para defender los derechos de las mujeres.
Sin embargo, viendo que su poder de decisión como principal organismo político del país podía verse mermada, el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho pública la opción de dar un paso más por la vía jurídica. La ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno “ha aprobado un acuerdo, que es el paso previo a la interposición de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Concretamente este acuerdo trata del requerimiento de la incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León”. Algo que, al parecer, no sería posible sin que se ponga sobre la mesa el papel del nuevo protocolo antiabortista.
Pero bien ¿cuál ha sido el propósito de Vox con esta actuación ante la nueva Ley del aborto promovida por el Gobierno? Según parece y han afirmado diversos analistas durante esta última semana, el interés podría ir más allá de apostar por las medidas provida siendo, más bien, un asunto meramente político que ha perjudicado de lleno al PP quien la mayoría de veces se ve envuelto por las polémicas de este partido político.
Y es que, Vox se ha convertido en un quebradero de cabeza permanente para Alberto Núñez Feijóo al igual que lo fue en su día para Pablo Casado. Así, esta nueva polémica que ha arreciado en Castilla y León por el discurso de la formación de extrema derecha, con quien comparten Gobierno, ante la nueva Ley del aborto evidencia los excesos que podría tener que sortear el líder del PP en los cuatro meses que quedan por delante hasta las elecciones municipales y autonómicas. Por ello, culpan a Vox de dar herramientas a los socialistas al provocar «una polémica artificial» que beneficia, por el momento, única y exclusivamente a Pedro Sánchez.
Vox, ¿la kryptonita del PP?
Viendo la polémica que ha querido generar al parecer, de manera totalmente consciente, el vicepresidente de Castilla y León de Vox, Juan García Gallardo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue mudo ante las “majaderías”, calificadas así desde su entorno más próximo, del sobre el protocolo antiabortista que tras cinco días de intensa polémica, ahora resulta que nunca existió. Un silencio que vuelve a evidenciar en un año de gran importancia electoral la enorme incomodidad que suscita este debate tóxico entre los populares.
Hay que reconocer que el aborto ha sido siempre ‘Kriptonita’ para el Partido Popular. Sus rivales políticos a derecha e izquierda lo saben y no dudan en utilizarlo para intentar debilitarles. Esta vez el ataque ha venido del lado de Vox que ha querido generar polémica con el Gobierno consiguiendo a su vez, meter de lleno en este agujero a los populares. Una maniobra cuyo objetivo, según los analistas, es intentar frenar que se le vayan votos al PP como reflejan las encuestas y que, a su vez, le sirve al Gobierno de Pedro Sánchez para ir a degüello contra Feijóo.
Siendo claros, en un año como este en el que las elecciones se acercan y los partidos parecen estar interesados más que nunca por la ciudadanía, este debate puede afectar a la actual estrategia de Génova de ocupar el centro y conseguir así al casi millón de votantes socialistas desencantados con el ‘sanchismo’ a los que quieren convencer para que elijan ahora la papeleta del Partido Popular. No obstante, con esta polémica Feijóo ha visto claro que tampoco puede descuidar su flanco derecho, lo que le obliga a hacer malabarismos con los temas más polémicos.
Ayer mismo, Vox conseguía lo que estaba buscando, desestabilizar la opinión defendida por el partido popular. Un cargo del PP andaluz, quien ya ha rectificado dichas declaraciones, defendía las medidas de Vox para “evitar asesinatos” en Castilla y León, mientras que desde la sede nacional de Génova su portavoz de campaña, Borja Sémper, decía todo lo contrario y cargaba contra la formación de Abascal por ser un “chollo” para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por tanto, ante tal contexto, en Génova han dado orden de desactivar cuanto antes una polémica que les aparta de su estrategia de ocupar el centro para poder conformar mayorías amplias que les permitan gobernar en solitario. En un año electoral clave, el debate del aborto podría ahuyentar a muchos votantes descontentos con el mandato de Sánchez. «No nos incomoda. En temas morales es normal que pensemos diferente porque dentro del partido hay distintas sensibilidades», reconocen a diversos medios fuentes cercanas al equipo de Feijóo.
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