La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha manifestado su rechazo a la Ley de Comunicación Social, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, pues considera que se trata de un instrumento dirigido a legalizar la censura oficial.
“La SIP condena al régimen dictatorial de Cuba por su ardid de ‘legalizar la censura’, al aprobar una ley que le permitirá reforzar su coacción en contra de la libertad de prensa de los medios y periodistas independientes y restringir aún más la libertad de expresión de los ciudadanos”, señala la organización en un comunicado.
En tal sentido, el presidente de la SIP, Michael Greenspon, recordó que en los más de 60 años que lleva instaurada la dictadura cubana “se ha especializado en coartar las libertades y violar los derechos humanos”.
Amplios poderes para controlar los medios independientes
Ley de Comunicación Social, explican desde la SIP, “otorga amplios poderes al gobierno para controlar o cerrar medios de comunicación independientes y ensalzar la propaganda de los medios oficialistas, los únicos autorizados a operar en el país según la Constitución”, advierten en el documento.
“Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”, señala el instrumento legal recientemente aprobado por el régimen cubano.
Ante esto, Greespon sostiene que “es claro que el régimen aumenta las nuevas formas de censura contra medios y periodistas, a través de restricciones administrativas y legales para desactivar el descontento social”.
Implacables en contra de la libertad de expresión
Greenspon recordó que el gobierno cubano desató momentos implacables en contra de la libertad de prensa en años recientes, cuando el periodismo independiente pudo ser más crítico y libre.
En tal sentido, mencionó los momentos en los que el régimen cerró todos los medios privados, la Primavera Negra de 2003, cuando fueron encarceladas 75 personas señaladas como disidentes, entre ellas más de dos docenas de periodistas, incluido el entonces vicepresidente de Libertad de Prensa de la SIP en Cuba, Raúl Rivero. También recordó que tras las protestas sociales de julio de 2021, el “11J”, fueron detenidos numerosos ciudadanos y periodistas, entre otros, Henry Constantín, actual vicepresidente de Libertad de Prensa de la SIP, y que el régimen bloqueó los servicios de internet, telefonía móvil y las redes sociales.
“Ahora, después de expulsar a varios periodistas del país y restringir a medios y periodistas, el régimen legaliza la censura con una nueva ley que le permite, a sus anchas, acabar con las críticas del periodismo independiente y con las opiniones de sus ciudadanos en internet”, subrayó Greenspon.
El objetivo: perseguir y amordazar sin culpas
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó: “Queda claro que esta norma legitima al Estado para seguir censurando sin culpas, perseguir y amordazar. Es sorprendente la saña del régimen, si se tiene en cuenta su férreo sistema de censura, para el que utiliza el Código Penal, la Ley 88 y otros decretos”.
Recordó que el Código Penal cubano castiga con prisión al autor de críticas a funcionarios estatales y garantiza impunidad a las autoridades. Igualmente, en su artículo 143, establece condenas de hasta 10 años de cárcel por la recepción, el uso y la posesión de fondos provenientes del extranjero.
La Ley 88/99, sobre protección de la independencia nacional y la economía, conocida como “ley mordaza”, tipifica como delitos y condena con cárcel y confiscación de bienes a quien “suministre, directamente o mediante tercero, al Gobierno de Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes o funcionarios, información para facilitar los objetivos de la Ley Helms-Burton”, promulgada en 1996 para desalentar la inversión extranjera e internacionalizar y fortalecer el bloqueo económico contra Cuba. La “Ley mordaza” fue la empleada contra 29 periodistas, quienes fueron condenados en 2003 a penas de hasta 28 años de cárcel.
Por otra parte, el Decreto 370, que regula el uso de la internet, es utilizado para aplicar severas multas y decomisar equipos por, entre otros delitos, compartir publicaciones en redes sociales consideradas contrarias al gobierno.
Violación a los estándares internacionales de libertad de expresión
Jornet añadió que “el régimen cubano viola continuamente los estándares interamericanos favorables a las libertades de prensa y expresión, como la eliminación de la colegiación obligatoria de periodistas, la descriminalización de los delitos de difamación, la eliminación del delito de desacato para permitir críticas abiertas a las autoridades, y la creación de leyes de acceso a la información pública y de transparencia, para facilitar la fiscalización de los gobiernos por parte de periodistas y de la ciudadanía en general”, detalló.
Las normas internacionales de protección de los derechos humanos prevén que eventuales restricciones de la libertad de expresión deben estar previstas por la ley, perseguir un fin legítimo, ser adecuadas para alcanzar ese fin legítimo, ser necesarias y proporcionadas o razonables. “Pero además –advirtió Jornet– establecen que las leyes nacionales que las dispongan se ajusten a normas y convenios internacionales, para no poner en peligro el derecho que se debe garantizar”.
A lo largo de más de seis décadas de dictadura militar en Cuba, la SIP ha denunciado en forma permanente las atrocidades del régimen respecto de violaciones a las libertades de prensa y expresión.
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