El nuevo escándalo por el que la Organización de Consumidores y Usuarios OCU ha saltado a los medios ha sido la condena a la que ha sido sometida por parte de los tribunales tras perder el juicio contra el periodista David Placer, a quien reclamaba 100.000 euros por publicar información que “atentaba contra su honor”. Pero este es uno más de una cadena de dimes y diretes en los que ha estado involucrada la asociación cuyas prácticas, además de atentar contra su reputación, lesionan la legítima defensa de los derechos de los consumidores, a juicio de Rubén Sánchez, secretario general de FACUA-Consumidores en Acción.
En los últimos días hemos visto cómo el portavoz de esta organización, que en teoría también defiende a los consumidores, en la práctica asegura hacerlo en desigualdad de condiciones. “Nosotros en FACUA no firmamos acuerdos para recibir dinero de empresas privadas”, nos asegura su portavoz.
Así las cosas, desde PRNoticias entrevistamos a Sánchez para conocer a fondo sus argumentos y la base de sus acusaciones. ¿Qué función tienen las organizaciones de consumidores? ¿Cuáles prácticas de la OCU podrían considerarse ilegales y poco éticas? ¿En manos de quién y dónde estaría la solución a este conflicto? A continuación la entrevista que resuelve estas y otras de las incógnitas que rodean al “caso OCU”.
FACUA acusa a la OCU de incumplir la legislación sobre publicidad comercial, ¿a qué se refiere exactamente?
Entendemos que la legislación prohíbe que las asociaciones de consumidores realicemos publicidad comercial de empresas y nosotros vemos continuamente mensajes publicitarios de la OCU incitando a los consumidores a comprar productos y servicios de empresas con el argumento de que ha negociado descuentos. Creemos que Consumo debe evaluar este procedimiento y valorar si eso es una publicidad comercial, porque parece publicidad comercial y, si no, debería explicar qué es la publicidad comercial, ya que incitar a la compra con descuentos para nosotros es publicidad comercial. Y si fuera publicidad comercial, entonces el ministerio tendría que valorar si la OCU estaría vulnerando ese precepto.
¿Dónde está el límite entre la mención de una marca en un ranking y la publicidad comercial ?
Nosotros no cuestionamos los ranking, eso no es cuestionable, lo que cuestionamos es que además se diga que te invitamos comprar este producto porque hemos contratado un descuento para ti, eso es publicidad comercial. El argumento de la OCU es que negocian ventajas para los consumidores y que por qué se les va a prohibir. Eso no es ético, las asociaciones no están para negociar ventajas económicas, no están para fomentar la contratación directa de los productos o servicios de unos operadores en detrimento de otros operadores del mercado, eso lo puede hacer una cooperativa no una organización de defensa de consumidores. Estamos mencionadas en la Constitución, no debemos entrar en ese juego del fomento de la contratación, y menos negociando comisiones.
¿Denuncias entonces que, además de hacer publicidad comercial, la OCU estaría cobrando comisiones por ello?
Creemos que, aparte de hacer esa publicidad que podría ser comercial, recibe comisiones de parte de las empresas que publicita, entonces no solo publicita sus productos y servicios con reclamo de los descuentos que había negociado o no, sino que además se lleva una comisión de los clientes que capta. Si el ministerio llegara a la conclusión de que todo es legal, entonces lo que no sería es ético, así que el ministerio debería cambiar la ley, porque una organización de consumidores no debería recibir dinero de una empresa, eso condiciona nuestra independencia.
¿Consideras que esta práctica estaría comprometiendo la independencia de la OCU?
¿Quién decide que una empresa que le da dinero a la OCU está o no coartando su independencia? ¿Cómo valoro yo que la OCU, al igual que otra empresa plantea que hay que bajar el IVA en lugar de intervenir los precios, está condicionada por recibir dinero? Si recibes dinero es difícil, por no decir imposible, que una asociación de consumidores no vea coartada su independencia. Lo que hay que hacer es prohibir por completo la recepción del dinero para evitar prácticas indeseables. Cuando Garzón descubrió que Mercadona le había dado dinero al PP condenó estas prácticas, ¿por qué le parece mal que le diera dinero al PP y no a la OCU? Si un partido político debe ser independiente, una asociación de consumidores también. Si el ministro no lo ve ético con respecto a un partido, pues tampoco lo debe ver ético con una asociación. Él tiene la capacidad de prohibirlo, y se lo hemos pedido.
-¿Este caso marcará un antes y un después en la reputación de OCU? ¿Tiene la OCU ahora un problema de reputación o ya lo tenía de antes?
Toda repercusión pública negativa de una marca trae problemas reputaciones. Y en el caso de la OCU ha sido durante muchos años y a cuentagotas. Ha trascendido que ha recibido comisiones de empresas, que ha llegado a acuerdos por presentar o retirar demandas comerciales. Lo vimos con el acuerdo de HP, que ingresaron 1,4 millones de euros en su filial en Luxemburgo, llegando a un acuerdo extrajudicial en el que solo una parte fue para las indemnizaciones, menos de 30 mil euros. No lo vemos ético, ese tipo de prácticas trascienden y minan su reputación. Los acuerdos de la OCU con empresas tienen catalogada la palabra confidencial, eso quiere decir que ni la OCU ni las empresas querían que se conociera, pero el ministerio tiene que tener conocimiento y evaluarlo. Esos acuerdos se deberían publicar en la web de la OCU y en la del ministerio, que sabe que se ha firmado un acuerdo con una entidad. Nosotros en FACUA no firmamos acuerdos para recibir dinero de empresas privadas. Son muchos años lo que lleva la OCU con estas prácticas y algunas han trascendido. Esa relevancia pública afecta su reputación, porque se han destapado prácticas que están probadas, hay pruebas de lo que ha trascendido. La OCU llevó al periodista David Placer a los tribunales y perdió. Había pedido que no publicara de nuevo nada de la OCU, pero el juez no le concedió esas medidas porque vulneran la libertad de expresión. La OCU está empeñada en que no trascienda lo que hacen, por algo será.
¿En manos de quién y dónde estaría la solución a este conflicto?
Para evitar posibles divergencias en las interpretaciones de que si es o no legal que una organización de consumo reciba dinero de una empresa por patrocinios, descuentos, comisiones o cualquier otra fórmula, lo que debería hacer el ministerio es modificar la ley de defensa de los consumidores y eliminar el párrafo que establece que hay determinadas excepciones de que sí podemos recibir dinero de empresas privadas. La ley dice concretamente en su artículo 28 que tenemos prohibido percibir ayudas de empresa, pero a continuación de esta prohibición, en su apartado B, plantea una serie de excepciones que son tan amplias y ambiguas que al final valdría cualquier fórmula por la que recibamos dinero, porque supuestamente lo podemos recibir siempre que no coarte nuestra independencia. Lo que dice la ley de consumidores es que tenemos prohibida la publicidad comercial, no meramente informativa, pero no existe en el ordenamiento jurídico español la explicación de la diferencia entre una y otra. Nosotros entendemos que la publicidad comercial es toda aquella que contiene un mensaje persuasorio de incitación a la compra de un producto mediante un determinado reclamo. Decir que tal empresa o marca es la mejor es una cosa, pero si invitamos a comprar este o aquel producto, eso ya es publicidad comercial. Pero quien tiene que decirlo es el ministerio. La solución la tiene en sus manos Consumo o el próximo ministro en materia de consumo, se llame como se llame el ministerio y el ministro. Nosotros hacemos un llamamiento a las fuerzas política que concurren a las generales a que el que gobierne asuma al compromiso de prohibir que las asociaciones de consumidores recibamos dinero de empresas privadas. Es más, deberían llevarlo ya en sus campañas.
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