Un total de 217 violaciones a la libertad de expresión se han registrado Venezuela en lo que va de año, denunció la ONG Espacio Público en su más reciente informe, publicado a finales de la semana pasada.
El número de faltas en contra de la libertad de expresión representa un promedio de 1,2 ataques al día contra el ejercicio del periodismo o el derecho a la protesta. Asimismo, la organización registró 42 agresiones contra periodistas solo durante junio, acciones que, en su mayoría, incluían amenazas, reportó la agencia EFE.
“Las principales víctimas en junio fueron personas particulares (11) y periodistas/reporteros (10) de un total de 28 víctimas contabilizadas, así como 11 detenciones por ejercer la libre expresión (ocho particulares y tres trabajadores públicos)”, señala el texto publicado por Espacio Público, titulado: Junio: amenazas e intimidación.
Quienes ejecutaron estas violaciones, el informe señala que en su mayoría tienen relación directa con el Estado, igualmente, se registraron entre los responsables los cuerpos de seguridad, las instituciones, funcionarios y un grupo de simpatizantes del partido de gobierno.
Entre los periodistas que han sufrido agresiones, se menciona el caso de Manuel Ramírez quien denunció ante el Ministerio Público ser víctima de hostigamiento y discriminación por parte de José Navarro, abogado y funcionario de la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Antidrogas en el estado Amazonas (sur).
“Ramírez es locutor de un programa radial que se transmite en Puerto Ayacucho, capital de la entidad, y en una de las emisiones comentó un escrito que circulaba por redes sociales en el que se involucraba a Navarro en presunta estafa y extorsión. Luego de eso, comenzó a ser hostigado y acosado por parte del funcionario”, señala la ONG.
Asimismo, indican que otros siete periodistas también han sido intimidados y amenazados por un agente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando trabajaban en la cobertura de una protesta protagonizada por trabajadores de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco.
Espacio Público destaca entre las detenciones motivadas por protestas, la de dos productores agropecuarios que reclamaban por la falta de combustible para trasladar los productos y, a modo de protesta, difundieron un vídeo tirando la fruta a un río. Este acto fue calificado por el Ministerio Público como “boicot” y un intento de “causar zozobra en la población”.
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