Repsol aprovechó este jueves la presentación de sus resultados hasta el mes de septiembre, nueve meses en los que ganó un 14% menos que en el mismo periodo de 2022, para advertir a las instituciones y los medios españoles que “la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal” de España podría condicionar su presencia en el país.
La compañía considera que el impuesto a las energéticas “castiga a las empresas” que “invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país”, según detallan en una nota de prensa. Una medida que podría conllevar una grave consecuencia añaden y es que “la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales de Repsol en España“.
Pues bien, este órdago lanzado al Gobierno por su intención de convertir en permanente el impuesto a las energéticas ha desatado la alerta en todos los medios debido al beneficio económico que representa esta compañía para el país. Por tanto, un duro golpe para el Gobierno que ha cubierto las principales portadas nacionales a excepción de una de las más representativas, la del buque insignia de Prisa que ha dejado claro, una vez, cuales son sus intereses.
Una empresa de gran calado nacional
Según han destacado sus directivos las inversiones de Repsol fueron de 4.362 millones de euros en los nueve primeros meses del año −lo que supone un incremento del 82%−, siendo su foco principal proyectos de reducción de carbono en España, donde se destinó un 41% del total. Además, en cuanto a su contribución fiscal sus directivos apuntan, alcanzó los 10.890 millones de euros entre enero y septiembre. Cerca del 70% de esta cantidad, 7.441 millones de euros, corresponden a España. Mientras que, por su parte, a Estados Unidos se dirigieron un 37% de las inversiones, tras la adquisición de la compañía de renovables eólicas ConnectGen, con una cartera de proyectos de 20.000 MW.
Y, en cuanto a su contribución fiscal, apuntan, alcanzó los 10.890 millones de euros entre enero y septiembre. Cerca del 70% de esta cantidad, 7.441 millones de euros, corresponden a España. “Los tributos propios devengados ascendieron a 3.206 millones de euros y representaron más de la mitad de los beneficios”, explican. Además, “la compañía contribuyó durante el período con una tasa del Impuesto sobre Sociedades del 37%, muy por encima del tipo nominal aplicable en España del 25% y de la media de los países de la OCDE”, continúan. “Todo esto sitúa a Repsol como la empresa del Ibex 35 que más impuestos pagó en el país“.
En concreto, el impuesto a las energéticas tendrá un coste de 450 millones de euros en las arcas de Repsol en 2023, según cálculos de la compañía. Para 2024, el máximo directivo del grupo señaló este jueves que abonará algo menos, entre 300 y 350 millones de euros, “en el segundo ejercicio y último porque no hay ninguna base legal para continuar con este impuesto”.
Un contexto que ha llevado a esta compañía a enfrentarse al Gobierno y amenazar con recortar inversiones en España y llevar proyectos a Portugal si sale adelante la propuesta de convertir en definitivo el impuesto extraordinario, que considera “ilegal” y “discriminatorio”. A juicio de la empresa, la medida, recogida en el pacto de PSOE y Sumar para formar Gobierno, supone una “falta de estabilidad” en el marco regulatorio y fiscal, y castiga a las empresas que “invierten en activos industriales, generan empleo y garantizan la independencia energética del país”.
Además, cabe destacar que no es, ni mucho menos, la primera vez que la firma dirigida por Josu Jon Imaz se posiciona contra este impuesto. Ya en 2022, antes de que se aprobase, el propio Imaz adelantó que se defenderían ante una “iniciativa arbitraria”. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que cualquier medida arbitraria impacte en nuestra compañía”, explicó tras presentar los resultados del segundo trimestre de ese año.
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