El Consejo de la Unión Europea ha adoptado, este 27 de noviembre, una Recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social, a fin de apoyar su papel en el fomento de la inclusión social y el acceso al mercado laboral. Una vez mantenidos los debates técnicos, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales alcanzaron un acuerdo político sobre la Recomendación el 9 de octubre de 2023.
Entonces, Yolanda Díaz, ministra en funciones de Trabajo y Economía Social de España, explicó que “las entidades de la economía social se ocupan de varios de los mayores retos que afronta nuestra sociedad, en particular en materia de integración laboral y social, así como de cohesión social. Sin embargo, aún podemos hacer mucho por que la economía social siga desarrollándose, tanto en nuestros Estados miembros como en toda la UE. Debemos aprovechar el gran potencial que nos brinda para mejorar nuestra respuesta ante los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos y velar por que nadie se quede atrás”.
Medidas para fomentar la economía social
La Recomendación tiene por objeto impulsar el papel de la economía social en el apoyo a la inclusión social y la integración en el mercado laboral de los grupos desfavorecidos, invitando a los Estados miembros a adoptar medidas.
Tales medidas pretenden facilitar el acceso de las entidades de la economía social a la financiación, a los mercados y a la adjudicación de contratos públicos; hacer el mejor uso posible de las normas relativas a las ayudas públicas y desarrollar un entorno fiscal favorable; y aumentar la visibilidad y el reconocimiento de la economía social.
Principales modificaciones del Consejo
Los principales cambios a la propuesta inicial de la Comisión reflejan las peticiones de los Estados miembros de que se haga más hincapié en el papel de la economía social en unas transiciones digital y ecológica justas y en la cohesión social. El Consejo reconoce asimismo el papel que puede desempeñar la economía social en la cooperación internacional.
Siguientes etapas
Los Estados miembros dispondrán de dos años para adoptar o actualizar sus estrategias nacionales en materia de economía social. A continuación, supervisarán y evaluarán las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos de la Recomendación e informarán a la Comisión sobre sus progresos en un plazo de cuatro años a partir de su adopción.
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