Si bien en Estados Unidos, cuna y referente del lobby, la actividad es habitual desde el siglo XVIII y fue regulada en 1946, con la Federal Regulation of Lobbying Act, en España no ha sido sino hasta 2008 cuando se registró la primera asociación que agrupa a los profesionales del sector y, en la práctica, aun no tiene regulación. Pero en los últimos 15 años, los avances han sido significativos, precisamente los que tiene la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales APRI, responsable de este salto cuantitativo y cualitativo, e incluso de abonar el terreno hacia la regulación.
APRI agrupa en España a los profesionales de las relaciones institucionales, los Asuntos Públicos y el lobby, contando hoy con más de 200 profesionales y 20 organizaciones que apoyan el desarrollo de esta profesión. En esta última etapa, grandes profesionales del sector han sido los responsables de sus avances: Irene Matías, Maria Rosa Rotondo, Luis Suárez de Lezo, Esteban Egea Sánchez, Juan Alfonso Herrero, Juan Torres, Montse Escudero, Dolores González, Adriana Bonezzi, Angel Mesado, Diego Bayón Mendoza, Piluca Núñez López, Marian Casado Angós e Inma Carretero Castaño, entre otros.
El pasado 30 de noviembre APRI ha celebrado estos 15 años de trabajo, gracias al apoyo de sus socios, de sus patrocinadores premium ACENTO, BNP Paribas Personal Finance, Political Intelligence España, de los patrocinadores oro Foro Alimentario, FTI Consulting Spain, LLYC, de los patrocinadores plata BCW España y otros partners como Bolt y Demócrata.
La propuesta de regulación
La finalidad de regular el lobby es asegurar que haya transparencia respecto al impacto que tiene esta práctica en los procesos de toma de decisiones, así como rendición de cuentas sobre las políticas y las leyes que se adoptan. Y en España este camino está por andar, pero APRI está impulsando estos pasos, desde dentro y con aliados de envergadura como Hay Derecho, OECD – OCDE (la División de Integridad en el Sector Público de la OCDE) y la Generalitat de Catalunya (la Dirección General de Transparencia), entre otros.
Hasta que no haya una regulación, es mucho lo que falta. Desde la organización observan que el escenario político español reconoce la importancia de crear una regulación de la actividad profesional de los grupos de interés. Sin embargo, aún no existe una ley nacional consensuada, sino solo algunas regulaciones a nivel autonómico dentro de la agenda o de la ley de transparencia.
Por ello, APRI trabaja como asociación de lobistas en el diálogo con los diferentes grupos parlamentarios para sacar adelante una regulación de los grupos de interés. Su propuesta de regulación de la transparencia en la defensa de intereses ante los poderes públicos, toma como ejemplo las regulaciones ya existentes.
Persigue con esta propuesta garantizar la transparencia en la toma de decisiones políticas y legislativas, reforzar la seguridad jurídica de las normas y sus procesos de elaboración, reforzar la legitimidad de los representantes institucionales en su tarea ejecutiva o legislativa, mejorar la eficacia normativa, impulsar la rendición de cuentas y facilitar la participación ciudadana en la vida política del país.
Foto: Irene Matías /APRI
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