El Grupo Parlamentario Popular registró el pasado mes de noviembre en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley de Medidas para la Simplificación y Mejora de la Eficacia de Instituciones y Organismos de la Comunidad de Madrid con la que busca modificar quince textos legislativos en la Comunidad, entre ellos, el que regula la adscripción y la composición del Consejo de Transparencia. Pero el texto, vía procedimiento de urgencia para acortar los plazos de tramitación, está generando alarma entre algunos sectores por considerar que plantea “un retroceso en la transparencia”.
Tal es el caso de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales APRI, cuya presidenta María Rosa Rotondo, ha comparecido este 5 de diciembre en la Comisión de Presidencia de la Asamblea de Madrid para exponer su posición y la del sector. “Se está planteando un retroceso importante en la transparencia, el acceso a la información y la participación de los madrileños. Ayer pedí al Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea que retire su proposición de ley”, ha dicho, aprovechando para hacer un llamado a través de sus redes sociales a quienes tengan la misma preocupación para unir fuerzas.
Tras la modificación, el Consejo de Transparencia ya no dependería de la Asamblea de Madrid sino del Gobierno autonómico, órgano al que debe fiscalizar. Su composición pasaría de tres miembros elegidos por un periodo de seis años a elección de la mayoría reforzada de la cámara autonómica, a tener un miembro con un mandato de cuatro años.
APRI explica que, además, se añadirían al citado Consejo competencias en materia de protección de datos, dos bienes jurídicos diferentes que sirven de contrapeso el uno del otro. También se suprimiría la capacidad del Consejo para incoar y tramitar expedientes por vulneración de la Ley 10/2019.
Las propuestas de los lobistas
Los lobistas consideran que esta modificación supone una merma en la independencia y las atribuciones del Consejo de Transparencia, por lo que prefieren volver al esquema vigente previo a la Ley de 2019, y que la Comunidad de Madrid ceda mediante convenio la supervisión de la transparencia y de la Protección de Datos a las respectivas autoridades nacionales, lo que también sería cumplir los objetivos de alineamiento que marcan en la propia exposición de motivos.
Sin embargo, ante el temor de su inminente aprobación, proponen los siguientes cambios:
-No menos transparencia, sino más. Esto es lo que demanda la ciudadanía y numerosas autoridades tanto nacionales (Fiscalía Anticorrupción, memoria 2022, Comisión Europea, Informes sobre el Estado de Derecho, Comisión GRECO del Consejo de Europa…).
-Convertir al actual Consejo de Transparencia en una Autoridad Administrativa Independiente dotada de recursos que pueda ejercer efectivamente las funciones de supervisión y sanción de las infracciones de las obligaciones que conlleve en materia de transparencia autonómica y participación ciudadana.
-Suprimir la vinculación entre la supervisión de la transparencia y de la Protección de datos, bienes jurídicos de naturaleza diferente y que encuentran la una en la otra los contrapesos necesarios para su ejercicio por parte de los ciudadanos.
Seguiremos Informando…
