Si hay algo por lo que la COP28 será recordada, es por el “acuerdo de mínimos” alcanzado para iniciar la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. Para algunos “histórico”, otras voces califican el resultado de “insuficiente”, mientras que en clave interna, los analistas en España buscan dar respuestas al sector privado sobre los pasos a seguir para lograr este objetivo.
Por su amplitud e importancia, desde PRNoticias iniciamos una serie de consultas para conocer el papel de España en esta Cumbre, el estado de la legislación y el camino que están recorriendo las empresas en materia de descarbonización. En esta ocasión hablamos con Mar Güell, nombrada recientemente directora de la Oficina de Negocio Sostenible de Kreab en Barcelona.
Para la experta, el acuerdo final de la COP28 de abandonar progresivamente los combustibles fósiles “es un avance importante” porque es la primera vez en 30 años de cumbres climáticas, que se señala el fin de la era del petróleo, el carbón y el gas, pero considera que se pudo haber visto un acuerdo más ambicioso.
“No llega a ser el acuerdo decisivo sobre el cambio climático que los científicos consideran necesario. Entre las celebraciones se vieron también algunas lágrimas, pues para muchos países que están sufriendo ya los efectos del cambio climático, no es suficiente para parar a tiempo estos efectos. Además, para muchos países, científicos y organizaciones ambientales, el texto es poco ambicioso ya que no marca una fecha límite para el uso de los combustibles fósiles”, explica.
Aun así, se hace imprescindible analizar el camino que están recorriendo las empresas en España hacia la descarbonización, y valorar si la legislación las está acompañando en este reto, tomando en cuenta que, de cara a Europa, estamos demostrando que se han hecho avances.
“España se presentaba este año ante la COP con un papel diferente, al acudir en representación del Consejo de la Unión Europea, con la Ministra Teresa Ribera como representante del grupo europeo en las diferentes negociaciones. De esta forma, hemos representado al bloque de países que demandaban el cese de los combustibles fósiles y reforzar las energías renovables”, señala.
¿Qué está haciendo España para eliminar los combustibles fósiles?
España, en línea con su compromiso con la transición energética y la lucha contra el cambio climático, se ha fijado objetivos concretos para reducir el uso de combustibles fósiles, y ha implementado diversas iniciativas y políticas para reducir nuestra dependencia como país de los combustibles fósiles. Con el compromiso de que en 2050 el 97% de toda la energía consumida en el país sea renovable, somos líderes mundiales de la transición energética. Somos los primeros en % de energía solar en suministro eléctrico y quintos en potencia solar instalada. El camino hacia la descarbonización también se está construyendo gracias a diferentes iniciativas legislativas como la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética que define objetivos de reducción de emisiones y el aumento de la eficiencia energética. Existen también numerosas iniciativas tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y local impulsadas con el objetivo de impulsar una movilidad sostenible en España y reducir los impactos negativos del sector del transporte. En este sentido destacan la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica para vehículos en las estaciones de servicio o la creación de las Zonas de Bajas Emisiones en diferentes municipios españoles, entre otros.
¿Qué deben hacer las empresas en España en este sentido? ¿Cuál es la mayor dificultad que enfrentan?
En el actual contexto de emergencia climática las empresas españolas tienen un papel vital en la transición hacia un futuro sin combustibles fósiles. Una transición que no se plantea fácil, pues requerirá de fuerte inversión en fuentes de energía renovables para abastecer sus operaciones, implementar medidas de eficiencia energética, optimizando procesos, reduciendo el consumo y adoptando tecnologías más eficientes. La descarbonización de la cadena de suministro será uno de los mayores retos a los que se enfrentarán las empresas. Pero no es solo un gran reto, sino una gran responsabilidad. Una responsabilidad de las empresas con sus cadenas de suministro. Así como en la COP vemos constantemente como los países más desarrollados y con mayor riqueza deben ayudar a los más vulnerables, para conseguir la descarbonización de las cadenas de suministro las empresas deberán ayudar a esos proveedores que estén en países en vías de desarrollo o que, aún estando en España, no estén capacitados para implementar ciertos cambios. En definitiva, la idea es que no se trate de que las empresas empiecen a rechazar a proveedores por tener una huella ambiental negativa, sino que puedan llegar a acompañarles en la implementación de una estrategia de descarbonización adaptada a ellos mediante alianzas y compartiendo conocimiento.
Has dicho que, desde tu nuevo cargo, ayudarás a conocer mejor el ‘tsunami regulatorio’ en materia de sostenibilidad que está impactando a las empresas europeas. ¿A qué te refieres?
En los últimos años, en la Unión Europea ha habido mucha actividad en materia de regulación ASG. Las empresas se están viendo impactadas por una serie de normativas que las obligarán a cambiar la forma en la que vienen gestionando los riesgos de sostenibilidad. Por resumir el impacto de este “tsunami” regulatorio. En el ámbito ambiental, destaca el desarrollo del Reglamento de la Taxonomía que obliga a las empresas a identificar qué actividades contribuyen a ciertos objetivos ambientales y a la lucha contra el cambio climático, para que de esta forma se puedan dirigir los flujos de capital a actividades verdaderamente sostenibles. En el ámbito social, destaca la Directiva de Debida Diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad, que les exigirá que determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos y el medio ambiente. Además, en materia de reporte, la Directiva Europea de reporte de sostenibilidad, sube el nivel de exigencia de los reportes de sostenibilidad con unos nuevos estándares europeos de reporte (ESRS) a los que se tendrán que adaptar cerca de 50.000 empresas de la Unión Europea. Desde Kreab, gracias a la combinación del conocimiento técnico multidisciplinar que tenemos de la nueva regulación, tenemos la capacidad de asesorar a las empresas sobre cómo dar respuesta y adaptarse a estos nuevos requerimientos, llegando a ser un partner estratégico para toda empresa que necesite un acompañamiento ante este contexto tan cambiante y abrumador.
¿En qué posición se encuentra España en medio de este ‘tsunami regulatorio’?
Ante esta oleada de iniciativas regulatorias europeas, España, como el resto de los estados miembros, debe transponer las diferentes Directivas en sus ordenamientos. De todas formas, en España, el actual gobierno ha demostrado querer liderar e ir más allá de la regulación europea con iniciativas más ambiciosas. En materia de reporte, en la transposición a la Ley 11/2018 de la Directiva de reporte no financiero, en España fuimos más ambiciosos y se aumentó el alcance de aplicación hasta empresas de más de 250 empleados (frente a los 500 de la directiva original), y se incluyó la obligación de verificar los Estados de Información No Financiera, cuando la directiva lo preveía como voluntario. Destaca también el hecho de que no se ha esperado al desarrollo de la regulación en materia de debida diligencia en la UE y se haya ya empezado en paralelo a desarrollar una regulación propia en España. También hemos destacado en objetivos de reducción de emisiones, ya que la Ley de Cambio Climático española establecía una senda de reducción de emisiones más ambiciosa que la de la UE. Además, durante la presidencia europea de la UE se han priorizado en la agenda las cuestiones de sostenibilidad. Y la estructura de gobierno ha concedido mucho poder al desarrollo sostenible, pues durante una buena parte de la legislatura dos de las vicepresidencias estaban vinculadas al desarrollo sostenible.
¿Qué debe hacer mejor España en cuanto a regulación en materia de sostenibilidad?
El desarrollo regulatorio en materia de sostenibilidad se plantea como una tarea que requiere de un enfoque colaborativo que involucre a diferentes agentes: administraciones, empresas y ciudadanos. Un enfoque esencial para garantizar la efectividad y la aplicabilidad de esa oleada de regulaciones, así como para asegurarse que reflejen adecuadamente las complejidades de los aspectos ASG en el contexto empresarial y social. Involucrar a las empresas en esta fase garantizará que las regulaciones sean técnicamente viables y prácticas desde el punto de vista operativo y, además, permitirá maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos. El diálogo continuo y constructivo entre administraciones públicas y empresas ayudará a diseñar regulaciones que fomenten la innovación, eficiencia y la competitividad, a la vez que aportan de manera efectiva los retos ambientales y sociales. Además, incluir la perspectiva ciudadana es fundamental para asegurar que estas regulaciones tienen en cuenta las preocupaciones de la sociedad y eso contribuirá a construir confianza hacia las empresas.
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