El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 9 de enero, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, una norma que se encontraba ya en el Senado durante la pasada legislatura, pero que decayó por la disolución de las Cortes Generales. El texto entrará en vigor el 1 de enero de 2025, según el calendario previsto, pero, ¿cómo nos repercutirá?
Para el Gobierno, la motivación de esta ley es reducir drásticamente el volumen de desperdicio alimentario. A juicio del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, asegura que el objetivo de la ley y lema de la campaña es de concienciación: “aquí no se tira nada”.
Así influye en la cadena
El ministro explica que el desperdicio perjudica especialmente a los más necesitados, al encarecer el acceso a bienes de primera necesidad; malgasta recursos naturales escasos y aumenta los residuos y el impacto ambiental; y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad. Es, por tanto, una obligación para todos los operadores de la cadena, y una tarea que debe implicar al conjunto de la sociedad.
Sus causas están relacionadas con errores en la planificación y calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamiento, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores.
La ley establecerá una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que inevitablemente se conviertan en desperdicio alimentario. Es un aspecto esencial, ya que se establece como prioridad máxima el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos.
En siguientes escalones, se contempla la transformación de los alimentos (zumos, mermeladas) y, cuando no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la alimentación animal, la fabricación de piensos o la obtención de compost o biocombustibles.
Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables, si bien debe cobrar por los envases de plásticos de un solo uso como establece la Ley de residuos 7/2022.
La ley también articula medidas de buenas prácticas en cuestiones como la venta de productos ‘imperfectos’; de productos de temporada, de proximidad o ecológicos. Y también para la venta de productos de consumo preferente o de caducidad próxima.
La iniciativa privada
Ya son varias las iniciativas privadas que trabajan en consonancia con esta ley. Es el caso de la startup que salva frutas y verduras ecológicas e imperfectas Bene Bono, que asegura mantendrá su compromiso de dar una segunda vida a los alimentos que son rechazados por las grandes superficies, pero que están en perfectas condiciones para su consumo.
“Todavía queda mucho camino por recorrer respecto al desperdicio alimentario, además de diversos campos de mejora en los que promover el cambio de hábitos y la concienciación. Lo realmente importante es que estas medidas, una vez entre la Ley en vigor, se apliquen correctamente de forma que se alcance el efecto deseado”, indica Sven Ripoche, cofundador de Bene Bono.
Tras su llegada a Madrid, Bene Bono ha expandido durante un año de operaciones en España sus cestas de productos ecológicos a Barcelona, Valencia, Bilbao, Vitoria y Zaragoza, con una previsión de llegar a varias ciudades más durante 2024. Gracias a ello, se han salvado más de 330 toneladas desde su llegada a España, contribuyendo a una reducción de 99.000 kg de CO2 y ahorrando 165 millones de litros de agua.
”Desde Bene Bono apoyamos completamente este necesario proyecto de Ley, que se alinea con nuestra propuesta y compromiso por conseguir mitigar el desperdicio alimentario. Así, nos situamos al lado de la administración en una posición de completa colaboración para conseguir trabajar por este objetivo y concienciar de la necesidad de conseguir buenas prácticas contra la pérdida y desperdicio de alimentos”, concluye Ripoche.
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