El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha comprometido este 22 de enero ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, a crear la Dirección General de Derechos Culturales. En su comparecencia, que él mismo ha pedido, explicó que el objetivo será “hacer de los derechos culturales un nuevo marco desde el que diseñar las políticas públicas”. Pero, ¿qué papel juega aquí la libertad de expresión?
Según el ministro, la libertad de expresión será uno de los ejes estratégicos del nuevo ente, “adoptando una postura firme contra cualquier forma de censura y atendiendo a la promoción de condiciones dignas para el trabajo cultural”. También abordará temas relacionados con la igualdad, la interconexión de la cultura y la educación, la vertebración territorial y la Agenda 2030.
Freno a la censura
En cuanto al derecho a la creación, Urtasun se ha comprometido a combatir “la censura y la injerencia política que ganan terreno en la gestión cultural pública”. Ha asegurado, además, que la nueva Dirección acompañará a los creadores, autores y colectivos cuya actividad haya sido borrada o censurada del espacio público.
También ha apostado por consensuar y afianzar las buenas prácticas en todos los niveles de la gestión cultural, en concreto, con la revisión y actualización de los códigos existentes en organismos como el INAEM o los museos estatales, en consenso con el sector, así como con la extensión transversal de estos protocolos a todas las áreas del Ministerio.
Además, ha propuesto dar continuidad a los trabajos iniciados en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con especialistas del sector para elaborar un manual de buenas prácticas contractuales.
De Subdirección General a Oficina de Propiedad Intelectual
Más allá de la Dirección General de Derechos Culturales, Urtasun ha asegurado la protección de los derechos de autor también forma parte de la hoja de ruta, sobre todo, bajo un contexto de avances tecnológicos y, en particular, el desarrollo de la Inteligencia Artificial.
“Debemos ser las instituciones públicas quienes trabajemos, en este caso de la mano de las Instituciones europeas, para que la IA no sea un mecanismo de desposesión del propio trabajo y de los derechos de los trabajadores, sino al revés, para que sea una herramienta que nos permita vivir mejor”, ha manifestado.
En este sentido, ha adelantado que convertirá la Subdirección General de la Propiedad Intelectual en una Oficina de Propiedad Intelectual, con más recursos y con rango de Dirección General, al entender que “la propiedad intelectual es un vector de sostenibilidad del trabajo cultural”.
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