La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) ha hecho pública su propuesta para mejorar el acceso de los autónomos a la contratación pública. La organización considera que el 2023 fue un buen año para los autónomos: el autoempleo incorporó a 118.300 personas según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada el pasado 26 de enero, pero hace hincapié en la necesidad de seguir apostando por medidas de protección que permitan continuar apuntalando los derechos y la protección social del colectivo.
María José Landaburu, secretaria general de UATAE, señala que “las cifras para el trabajo autónomo son muy positivas, más si tenemos en cuenta la regulación desde la Inspección de Trabajo en 2023 de alrededor de unos 30.000 falsos autónomos”, además, “hay que tener en cuenta que muchas y muchos autónomos cuando les preguntan por su relación laboral no se identifican con el perfil de trabajador por cuenta propia y eso a veces puede llevar a distorsionar las cifras”.
UATAE subraya la importancia de establecer, en esta nueva legislatura, medidas que garanticen la ampliación de derechos sociales para el conjunto del colectivo y se caminen en la dirección de fijar el Estatuto del s.XXI, la equiparación de derechos entre asalariados como la incorporación de los autónomos en los subsidios por desempleo, o la regulación de un marco más ambicioso en la seguridad y prevención de los riesgos laborales del autoempleo. Landaburu enfatiza que, “no podemos confiarnos con los datos, porque detrás de cada número existe una historia personal donde muchas veces la precariedad forma parte del paisaje colectivo”.
La contratación pública
La propuesta de los autónomos para mejorar el acceso a la contratación pública la han elevado ante la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), órgano responsable de promover la contratación pública. Así lo ha hecho saber Raúl Salinero Lacarta, Director Asuntos Públicos y Organización de UATAE.
“Desde la Unión de Autónomos UATAE proponemos medidas concretas: desde la mejora de la supervisión de la subcontratación hasta sanciones por incumplimientos y garantías de pago directo a subcontratistas”, dice Salinero, quien explicó que en reunión con los responsables del ente, el tema central fue el rol de las subcontrataciones, identificado como el principal canal para que microempresas y trabajadores autónomos accedan a contratos públicos.
“Una correcta gestión de la subcontratación es esencial para permitir la participación de una mayor variedad de agentes económicos. Esto es especialmente importante considerando que el tejido empresarial está mayormente compuesto por estas pequeñas estructuras, que históricamente han sido marginadas en el proceso de contratación pública”, indica el representante del sector.
Consciente del “lado oscuro” de la subcontratación: el uso fraudulento y abusivo de este sistema, Salinero resalta que el mal manejo no sólo desvirtúa el propósito de la subcontratación, sino que causa un impacto devastador en el sector.
“Es preocupante falta de datos precisos acerca de la subcontratación, que impide una comprensión completa de su impacto en las PYMES y trabajadores autónomos, tanto en términos económicos como laborales. Coincidimos plenamente con la recomendación de la Oficina basada en que la transparencia es deficiente, tanto en la información proporcionada por las contratistas principales sobre sus subcontratas como en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de pago”, apunta.
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