España, y sobre todo el nordeste, enfrenta una grave sequía que está provocando serias restricciones de agua en la zona. “Los embalses están por debajo de 16%”, indicó este 31 de enero Laura Vilagrà, miembro del gobierno catalán, a RNE. Por ello, las autoridades catalanas decretan este 1 de febrero la emergencia por sequía en 200 municipios, incluida Barcelona, una medida que afecta a seis millones de personas. Pero, ¿dónde acaba el efecto de la naturaleza y el cambio climático, y dónde comienza la responsabilidad de las administraciones?
Darío Salinas, experto en geopolítica del agua y evaluación de riesgos, CEO de Cassini España, consultor y profesor, habla para PRNoticias. Si bien la acción de la naturaleza y los efectos del cambio climático son factores determinantes, la acción de las administraciones también lo es, en tanto escuchar a los actores, incluyendo la sociedad civil, y legislar para conservar y distribuir el agua de manera óptima, sí depende totalmente de estas. Desde su expertise, asegura que “España enfrenta un desequilibrio hídrico”, y así defiende su posición.
¿Cómo describirías la gestión, distribución y conservación del agua en España en este momento?
La gestión del agua en España enfrenta desafíos complejos y multifactoriales. Las graves sequías en regiones como Andalucía y Cataluña evidencian la urgencia del problema. Históricamente, España ha liderado en control y diversificación de recursos hídricos, aplicando técnicas avanzadas como el riego por goteo y la reutilización del agua en agricultura, sobre todo en el sureste. Sin embargo, varias cuencas experimentan estrés hídrico estructural, mientras que en otras es coyuntural. Durante décadas, las políticas hídricas han enfocado en satisfacer una demanda creciente con infraestructuras como embalses, trasvases, o desaladoras, reflejando la importancia de la hidráulica en el país. A pesar de una disponibilidad de agua per cápita comparable a la media europea, España enfrenta un desequilibrio hídrico.
¿A qué se debe ese desequilibrio?
El alto consumo de agua se ve en la agricultura, que usa más del 90% del agua y tiene la mayor superficie de riego de Europa. Además, el modelo urbano-turístico del litoral mediterráneo intensifica la demanda de agua en esas áreas. Las políticas económicas y demográficas desde los años 60, que no tomaron en cuenta las limitaciones hídricas, han exacerbado este estrés, creando un ciclo de aumento en la oferta y demanda de agua, lo que reduce la cantidad disponible y deteriora su calidad. Esto ha llevado a la sobreexplotación y crisis ambientales en lugares como Doñana, el Mar Menor y las Lagunas de Ruidera. Estos problemas resaltan la necesidad de un cambio progresivo en el modelo hidroeconómico del país, adaptándolo a su realidad climática y territorial, y poniendo mayor énfasis en la conservación del agua.
¿De qué manera podrían mejorar la legislación y las políticas en España para enfrentar la situación?
La mejora necesaria en la legislación y políticas de agua en España no reside tanto en un déficit de normativas como en la necesidad de construir un consenso amplio y una estrategia clara centrada en reducir el estrés hídrico y el interés general. Este consenso debe buscar un equilibrio en los territorios que aúne seguridad hídrica y respeto de los ecosistemas promoviendo un desarrollo sostenible. Nuestro marco normativo vigente, fortalecido por la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea desde principios del 2000, ya ofrece una base sólida para lograr estas cuestiones. Esta se enfoca en la recuperación del estado ecológico de las aguas y en una planificación y gestión adecuadas de los recursos hídricos, incluyendo aspectos como la tarificación del agua para la sostenibilidad del sistema, sanciones para quienes contaminan y la participación de todos los actores, incluyendo la sociedad civil.
¿Dónde radica el problema?
El problema radica en la implementación y esa falta de consenso o estrategia ya que a menudo genera disensiones entre diferentes territorios, usuarios y partidos políticos. Por ejemplo, la tarificación del agua puede implicar costos elevados para el uso de agua desalada en la agricultura. Además, la aplicación de caudales ecológicos en ríos como el Tajo y el Ebro ha exacerbado rivalidades entre comunidades autónomas y usuarios. Estas dinámicas internas complican la gestión del agua tanto a nivel nacional como en el contexto transfronterizo con Portugal, reflejando cómo la política hídrica en España está influenciada por múltiples actores y niveles.
En el contexto de la actual legislatura, ¿cómo ves la interacción entre el sector, los actores y el nuevo Gobierno?
En el contexto de la actual legislatura, la interacción entre el sector del agua, los actores involucrados y el nuevo Gobierno de España presenta un panorama complejo con implicaciones significativas en la geopolítica interna del país. Desde la consolidación de la democracia y el modelo autonómico en los años 90, el agua ha surgido como un punto crítico, generando movimientos más atentos a las cuestiones hídricas y medioambientales y convirtiéndose en una fuente de conflictos territoriales y políticos. Es notable cómo el agua ha influido en las elecciones de comunidades autónomas como Murcia, Castilla-La Mancha y Aragón, y ha contribuido al surgimiento de una clase política regional con intereses a menudo distintos a los de la clase política nacional.
¿Hacia dónde se inclina el Gobierno?
Bajo la actual administración, parece que el Gobierno se inclina hacia una transición que busca equilibrar la eficiencia en el uso del agua con cambios graduales en la política hídrica tradicionalmente enfocada en la oferta, y una mejora en la conservación de espacios naturales. Esto se refleja en iniciativas como la reducción de algunos regadíos en áreas sensibles como Doñana o el Mar Menor. No obstante, estas medidas conllevan costes sociales, políticos y económicos significativos, y exigen un delicado equilibrio con los intereses específicos de cada región. Dicha situación podría provocar movilizaciones en el sector agrícola, apoyadas tanto por gobiernos regionales de las áreas afectadas como por partidos de la oposición, lo que demuestra la falta de consenso en estos temas.
¿Cuáles consideras que son los principales retos en el área?
Los retos futuros en la gestión del agua en España son diversos. En muchas regiones, ya se enfrenta un déficit hídrico debido a la sobreexplotación y la sobredemanda, lo que nos obliga a reflexionar sobre el modelo existente y buscar alternativas. Uno de los desafíos más críticos es el impacto del cambio climático, que está alterando los patrones de precipitación y afectando la disponibilidad de agua. Por tanto, es esencial abordar estos cambios, asegurar una distribución equitativa del agua más adaptada a la demanda que a la oferta, restaurar y proteger los ecosistemas acuáticos para asegurar la sostenibilidad y adaptar las infraestructuras hídricas para enfrentar extremos climáticos y mejorar las redes de suministro.
¿Es la inversión uno de ellos?
Esta transición conlleva costes significativos y requiere grandes inversiones, que deben ser equitativos entre todos los actores implicados para prevenir desigualdades y conflictos. El Gobierno ha anunciado inversiones significativas para mejorar la desalación, la reutilización del agua y su eficiencia, incluyendo la modernización de infraestructuras y la digitalización del sector, lo que permitirá una gestión más eficiente y una mejor respuesta a las sequías. Además, es crucial comprender la interdependencia entre los recursos hídricos, la energía y la producción de alimentos, abordando los desafíos que surgen de la falta de políticas efectivas y coordinación entre los diferentes sectores y niveles de gobierno.
¿En qué medida Cassini puede contribuir a la consecución de estos objetivos?
Nuestro enfoque se centra en analizar riesgos territoriales y geopolíticos, y en ayudar a empresas e instituciones a establecer estrategias para la toma de decisiones y la planificación. Proporcionamos a los responsables una comprensión más profunda de la complejidad de los fenómenos, la diversidad de actores involucrados y los múltiples factores que influyen tanto a nivel local como nacional e internacional. Un aspecto clave de nuestro trabajo es el análisis de datos y la representación cartográfica e infográfica, que facilita una visión clara de los retos y oportunidades. Por ejemplo, en el caso del agua, podemos facilitar la comprensión de un conflicto o situación para mejorar la gobernanza y entender las incertidumbres territoriales relacionadas con los riesgos hídricos y su impacto en las actividades empresariales, tanto en su internacionalización como en la mejora de su responsabilidad social corporativa. Recientemente colaboramos con otras empresas en el diagnóstico y análisis para la elaboración de informes sobre las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS), enfocándonos en aspectos como el agua y el cambio climático.
Seguiremos Informando…
