La detención arbitraria y desaparición forzada el 9 de febrero de Rocío San Miguel, la defensora de los derechos humanos hispanovenezolana recluida hoy en el mayor centro de torturas de Venezuela ‘El Helicoide’, nos obliga a hablar nuevamente de la profunda crisis de la democracia venezolana. Así, desde PRNoticias, damos tribuna a María Esteve, Socia y Directora General Región Andina de la consultora LLYC. Su mirada crítica, incluso desde una perspectiva tan técnica como la de los Asuntos Públicos, refuerza la denuncia de organismos internacionales.
La ONU, a través de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, ha expresado su “profunda preocupación” por el caso de la también presidenta de la ONG Control Ciudadano. La acción le ha valido la expulsión del territorio venezolano, por parte del régimen de Nicolás Maduro, de los funcionarios adscritos a esta Misión. Así, no hay organismo ni empresa que se atreva a confiar sus intereses en Venezuela.
Experta en Comunicación de Crisis y Asuntos Públicos, Esteve analiza la situación de Venezuela desde las perspectivas política y económica, partiendo del informe Prospectiva Venezuela 2023-2024. Su conclusión es categórica: “Mientras no sea una democracia” en Venezuela no será posible desarrollar unas buenas prácticas en el sector de los Asuntos Públicos.
¿Cómo definirías la práctica de esta disciplina en América Latina?
La pandemia sacó a relucir nuevos retos en torno a la relación público – privada y la práctica de los Asuntos Públicos está llamada a contribuir aún más en la materialización del acuerdo social que se requiere entre el sector privado, los gobiernos, el tercer sector y la población en general, especialmente en regiones como Latinoamérica, en las que los países tuvieron que comprometer sus recursos, incluso futuros, para atender la emergencia. Los equipos de Asuntos Públicos están volcados a interpretar un contexto normativo cambiante, identificar bajo estas nuevas iniciativas cómo puede ser la colaboración del sector privado, priorizar los recursos y hacer de la participación, una herramienta más estratégica, clara y eficaz para alcanzar la transformación social. La sociedad ahora es más demandante y está más activa y empoderada, exige permanentemente a las instituciones rendir cuentas. Resultado de la atención hacía la relación público-privada han surgido grandes iniciativas de trabajo conjunto, que tienen como objetivo, atender las nuevas necesidades y encontrar soluciones a las demandas del contexto.
¿Cuál sería la comparativa de la práctica en Venezuela con respecto a otros países de la región?
En el contexto de Venezuela, los especialistas en Asuntos Públicos operan más como analistas de riesgo y probabilidad en lo regulatorio y político y su incidencia en el bienestar social y la actividad empresarial. El informe Prospectiva Venezuela 2023-2024 es un ejercicio liderado por y desde LLYC Bogotá para estudiar la situación y avance del país y cómo se inserta la labor de comunicaciones, marketing y asuntos públicos en ese contexto. En reconocimiento de esto y ante el nuevo paradigma macroeconómico del país, que busca mayor participación de los privados en el mercado con mejores garantías, se abren puentes para el desarrollo de negocios que requieren de la visión estratégica y de contexto que la práctica de Asuntos Públicos ofrece con el reto de acompañar a las empresas en una configuración que todavía es burocrática, donde el Estado de Derecho está sujeto a los intereses políticos del gobierno de turno y donde los matices del mercado y sus actores contrastan con la información pública disponible. La tecnología y el análisis de datos están siendo estructurales para el desarrollo de nuestra práctica en la región ya que nos permiten hacer seguimiento a las posiciones de los decisores e influenciadores de la política pública y entender los intereses detrás de las propuestas, así como las expectativas sociales. Gracias a esto, la estrategia de relacionamiento es mucho más informada y efectiva al momento de hacer un llamado a la acción en beneficio del interés general.
¿Cuál es el mayor riesgo en Venezuela?
Para los negocios vemos que las sanciones internacionales, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del parque industrial, rodeados por la inflación y la devaluación, son factores que determinan el día a día de la toma de decisiones de negocios. Desde un punto de vista integrado, como el que revisamos en el Informe LLYC Prospectiva Venezuela 2023-2024, encontramos que hay riesgos y oportunidades en los dos grandes escenarios electorales: continuidad del gobierno actual o cambio a un gobierno liderado por la actual oposición. En el primero, el riesgo se asocia al impacto de las sanciones internacionales y, como consecuencia, el aislamiento comercial y diplomático de la comunidad internacional (al menos occidental), lo que empujaría al país a intercambiar el petróleo en mercados menos competitivos en términos de ingresos, sea por su irregularidad, ilegalidad o por los costos de transporte. Este aislamiento comprometería la capacidad de pago del gobierno a sus empleados públicos, que son la fuerza laboral más grande del país. Con un eventual cambio de gobierno, que sería probable de acuerdo a las encuestas, supone esfuerzos de estabilización de alta complejidad incluyendo decisiones sobre la moneda, la deuda, la participación del estado en las industrias clave, entre otras. Esto significaría un cambio de reglas drástico que puede generar incertidumbre en el corto y mediano plazo para el empresariado que se viene ajustando a las nuevas dinámicas de la economía desde el 2021.
¿Y cuál es la mayor oportunidad?
En nuestro ejercicio de integración del conocimiento disponible y las conversaciones que hemos llevado a cabo con diferentes actores sobre las oportunidades en Venezuela, encontramos que en general existen tres percepciones de oportunidad sobre el país: tiene abundantes recursos naturales estratégicos (como el gas), una capacidad instalada interesante en desuso y los retornos de inversión son relativamente más rápidos que en las economías comparables. Sobre esto, los dos escenarios electorales que planteamos en el informe también significan oportunidades diferentes.
De haber continuidad política en 2024, ¿cuál sería el escenario?
En el caso de la continuidad, Venezuela fortalecería sus relaciones con aliados históricos e ideológicos, como China, Turquía e Irán, y avanzaría en sus intenciones de trabajo con Colombia, Chile y Brasil. Además significaría relativa estabilidad “institucional” alrededor del manejo macroeconómico, habilitando un mercado independiente del Estado, lo que facilitaría el intercambio internacional, la entrada y salida de divisas y capitales y la inversión privada, especialmente en industrias con baja participación histórica del Estado y de alto potencial, como el gas y el consumo masivo, entre otras.
Y de haber un cambio político en 2024, ¿cuál sería el escenario?
Del cambio de gobierno, con la información disponible de los candidatos punteros, se esperaría una apertura que beneficie al sector privado, especialmente en sectores clave como industria, energía y servicios públicos que requieren de grandes inversiones para solucionar los retos subyacentes al desarrollo de negocios como la inestabilidad de la prestación del servicio de energía. Adicionalmente, un regreso del país al sistema democrático occidental, que profundizaría las ya existentes relaciones comerciales con Estados Unidos sin los retos asociados a las sanciones y dinamizaría el flujo de capitales que se ha contenido por la situación política. En todo caso, mantener un monitoreo y seguimiento constante del país y cómo evoluciona su comportamiento político, social y económico permitirá identificar y capturar más rápidamente las oportunidades que surjan para las empresas interesadas en llevar bienestar a la población a través de su oferta de productos o servicios una vez las condiciones estén dadas.
¿Qué importancia tiene actualmente Venezuela en el contexto regional?
La nueva ola de gobiernos de izquierda, en Chile, Brasil y Colombia, ha reabierto las puertas para que Nicolás Maduro se reinserte al sistema regional. El papel que juega el país es variopinto: en unos casos traer al país al sistema ayuda a fortalecer el liderazgo regional e internacional, como es el caso del gobierno de Gustavo Petro en Colombia y de Lula Da Silva de Brasil para la adhesión de Venezuela a los BRICS. En otros, reabre el intercambio comercial en rubros clave como los energéticos o de consumo masivo. Y finalmente, como el caso de Gabriel Boric de Chile, puede funcionar para resignificar a la izquierda latinoamérica, desmarcandola del fantasma del chavismo y la violación de derechos humanos.
¿Cuál es la mayor demanda del sector privado ya instalado en el país al gobierno de Venezuela?
Varía por industrias. Para las que atienden temas más claves para la sociedad y el aparato productivo nacional tiene capacidad limitada, como las farmacéuticas y de alimentos, observamos más incentivos arancelarios y de impuestos, así como más participación del sector privado liderando las dinámicas de importación. Mientras que aquellas donde hay más participación histórica, como en la petrolera, todavía encontramos un Estado muy presente y lento en materializar los discursos de liberalización económica. De forma transversal, cambió la narrativa económica. Vemos a los altos mandatarios del país invitando a la inversión privada y extranjera, con algunas herramientas regulatorias que sustentan el discurso como la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva o las Zonas Económicas Especiales.
¿Y de la sociedad?
Observamos a una sociedad resiliente y rápida en adaptar sus realidades de consumo. En nuestras conversaciones con diferentes sectores vemos que hay industrias con mucho talento disponible, como los sectores adyacentes al petróleo. Creemos que una empresa que tenga interés en el país, sea para llevar sus servicios y productos, o para generar valor, deberá gestionar sus relaciones con actores locales que conocen a la sociedad y las vicisitudes naturales del mercado.
Para los inversionistas que desean colocar capital en Venezuela, ¿cuál sería la mayor demanda para el gobierno?
Vemos que la estabilidad jurídica es de los primeros temas que se mencionan alrededor del desarrollo de negocios en el país. No extrañamente, por ejemplo, los gobiernos de Colombia y Venezuela han avanzado en herramientas para la protección mutua de inversiones, en consideración de la historia de expropiaciones y nacionalizaciones que afectó al empresariado colombiano.
¿Existen canales de comunicación óptimos entre todos los actores?
Venezuela es un país digitalizado, las redes sociales y los canales digitales se han posicionado progresivamente tanto como fuente de información como herramienta para el intercambio y comunicación con las audiencias de interés de las empresas.
Partiendo del informe “Prospectiva Venezuela 2023-2024”, de los dos macroescenarios propuestos por LLYC, ¿cuál es el más probable?
Creemos que el mayor determinante serán las sanciones internacionales, pues inciden directamente en el desarrollo de los comicios de 2024. Si el gobierno actual cede o no ante las presiones de la comunidad internacional para recibir observación electoral y acompañamiento, será la punta de lanza para ver cuál de los dos escenarios se materializa. Sin embargo, en el informe entregamos dos microescenarios que parecen independientes de los resultados electorales: el primero es que Venezuela mantendrá un flujo más dinámico de intercambio comercial internacional en tanto el cambio macroeconómico lo ha habilitado. El segundo es que la baja en los precios internacionales del petróleo compromete la capacidad del gobierno para hacer las inversiones necesarias para la productividad de la economía.
Hablemos de transparencia, sostenibilidad e igualdad de género. ¿Qué proyección hace LLYC para 2023-2024 en Venezuela?
La transparencia, sostenibilidad e igualdad de género están sujetos al Estado de Derecho. Si bien el género y la sostenibilidad son parte de la narrativa histórica del gobierno de turno y se encuentran acciones en pro de ellas, puede esperarse que un cambio de gobierno estandarice la forma en la que se abordan con el sistema internacional. Esto es, la adhesión a reportes estandarizados y a convenciones internacionales en la materia. Con transparencia, pensado como acceso a la información pública, una realidad a la que nos enfrentamos en el desarrollo de este informe y de todo nuestro ejercicio alrededor de Venezuela es que hay escasez y opacidad en las fuentes de información. Lograr recrear un panorama real de lo que pasa en el país, en virtualmente todas sus dimensiones, requiere de investigación y contraste. Entonces, en el entendido de que la rendición de cuentas es un fundamento del Estado de Derecho, habilitar un sistema de datos abiertos y transparencia será un reto hacia adelante.
¿Considera que es posible desarrollar en este momento en Venezuela unas buenas prácticas en el sector Asuntos Públicos?
Desde el punto de vista del análisis sí, desde la gestión no, mientras no sea una democracia.
¿Qué le hace falta a Venezuela para que se puedan desarrollar mejores prácticas en este sector?
Viendo la región y la nueva configuración público-privada del país, consideraríamos que debe restablecer el Estado de Derecho y la democracia, tener una mayor transparencia procesal en la regulación, mayor acceso a la información para la toma de decisiones de negocio y mayores garantías al desarrollo de negocios – estabilidad jurídica.
Si se pudiesen desarrollar estas prácticas, ¿cuáles serían los beneficios para el país?
Principalmente, generar confianza al sector privado y capital extranjero para que se puedan desarrollar negocios que aporten al bienestar general de la población venezolana con entendimiento de los retos y oportunidades que el mercado presenta.
¿Qué le recomiendas a los lobistas que desean desarrollar su labor en Venezuela?
Desde LLYC Bogotá estamos observando la dinámica política, económica y comercial de Venezuela para entender el universo de oportunidades y riesgos que se dan en el país para el desarrollo de negocios y que estos, en consecuencia, requieran de acompañamiento en asuntos públicos, comunicaciones y marketing. De momento, seguimos observando un terreno complejo para la gestión de los Asuntos Públicos porque, como hemos mencionado, la burocracia y el Estado de Derecho están sujetos a los intereses políticos, lo que significa un reto para los profesionales de este oficio en entender y prospectar lo que pueda pasar en el país y así dar recomendaciones estratégicas acertadas a los negocios. En los otros países de la región, por ejemplo, integramos el uso de herramientas de Big Data para complementar el entendimiento regulatorio y político con expectativas ciudadanas alrededor de los intereses de nuestros clientes y profundizar el rigor con el que se entienden los riesgos para las licencias para operar de las empresas.
Seguiremos Informando…
