La Escuela de Asuntos Públicos y Derecho de IMF Smart Education anunció recientemente su nuevo consejo asesor, una iniciativa enfocada en generar investigación aplicada en Asuntos Públicos en España y América Latina, e impulsar la divulgación sobre esta materia. El objetivo es democratizar el acceso al conocimiento en este sector y ofrecer una visión completa sobre el estado de salud de las instituciones. Pero, ¿qué, quiénes, cuándo, cómo… es posible?
Julio César Herrero, director de la Escuela de Asuntos Públicos y Gobierno de IMF, conversa con PRNoticias sobre este tema. Se trata de la primera y única institución académica privada con un modelo formativo transversal de todas las áreas del conocimiento vinculadas al sector: comunicación política, diplomacia pública, gobierno, institucional, internacional, corporativa, asuntos públicos, lobby, análisis de inteligencia, y otras áreas de desarrollo afines como el marketing político y electoral, la seguridad, la gestión de gabinetes o la defensa y la representación de intereses. Un largo etcétera que comenzó hace un par de años con una idea, y hoy forma lobistas en España.
¿Cuándo y cómo se creó la Escuela de Asuntos Públicos y Derecho de IMF Smart Education?
Se creó en el año 2022 como Escuela de Asuntos Públicos y de Gobierno. A finales de 2023 se incluyó la formación jurídica que ya ofrecía la institución dentro de la Escuela por razones organizativas y de pertinencia académica. Está integrada por más de 80 profesores, procedentes del ámbito académico y del ejercicio profesional activo, con experiencia internacional y referentes en sus áreas, y ofrece una metodología online y presencial, que se adapta a las exigencias y expectativas de cada alumno, ayudándole a alcanzar la formación más competitiva con materiales de estudio exclusivos para cada uno de los títulos.
¿Cuál es su principal objetivo?
La Escuela de Asuntos Púbicos y Derecho IMF Smart Education tiene tres objetivos: formativo, investigador y divulgador, y de consultoría. En el ámbito de la formación, además del Grado en Derecho en la modalidad a distancia, ofrece másters propios y oficiales altamente especializados. En este curso académico se imparte el Master en Comunicación y Marketing Político y el Master Global en Asuntos Públicos: lobby, diplomacia corporativa y análisis de inteligencia. Para el próximo curso se ofertarán otros dos: el Máster en Liderazgo y Gestión Pública y el Máster en Transparencia, Gobierno Abierto e innovación política. Como institución académica superior, la Escuela desarrolla también trabajos de investigación y divulgación. Como resultado, se han publicado dos libros colectivos elaborados por el claustro de la Escuela: ‘Manual de marketing político’ y ‘Asuntos Públicos’. En estos momentos, un grupo de alumnos dirigidos por los miembros del Consejo Asesor trabajan en un proyecto de investigación, innovador en nuestro país, y cuyos resultados se darán a conocer a finales de este año. Estamos convencidos de que serán de gran utilidad para la ciudadanía y para los políticos que ejercen su actividad en los parlamentos autonómicos. Respecto al tercer objetivo, la Escuela también desarrolla actividades de consultoría adaptada a las necesidades de instituciones, profesionales, partidos políticos y empresas.
¿Qué perfiles pueden tener acceso a esta educación?
En el caso de los títulos oficiales de grado y máster, los requisitos están establecidos por ley: las pruebas de acceso en el primer caso y estar en posesión de un título de grado en el segundo. En el caso de los masters propios disponer de un grado, si bien es recomendable, no es una condición indispensable siempre y cuando se pueda acreditar una experiencia profesional dilatada en el ámbito de estudio. Por los conocimientos que se abordan y las competencias que se adquieren, los estudiantes suelen proceder de los ámbitos de la comunicación, el periodismo, las ciencias políticas, la sociología, el derecho, la empresa, la administración pública y, en general, de las ciencias sociales.
¿Por qué es importante “democratizar” el acceso al conocimiento en materia de Asuntos Públicos?
Los asuntos públicos son, en esencia, una forma de participación democrática. Se trata de ejercer influencia para defender intereses legítimos. Esto es algo que requiere conocimientos específicos que deben estar al alcance del conjunto de la sociedad civil organizada. Y deben ser accesibles no sólo porque existan estudios sobre el ámbito sino porque sea posible cursarlos, con matrículas asequibles con unos costes razonables y al alcance de la mayoría de los ciudadanos.
¿Esa “democratización”, a qué otros sectores debería llegar también?
A todos los sectores. Pensemos en colectivos organizados de todo tipo, como asociaciones ciudadanas o profesionales. El lobby no puede ser algo restringido a las grandes organizaciones.
¿Qué haría falta desde las administraciones para contribuir a esa “democratización”?
De momento, sería suficiente con avanzar en la regulación de la actividad. Y en lo que se refiere a las Universidades, sería bueno que incentivaran la oferta formativa de estos estudios. Actualmente, la Escuela es la única institución académica en España que permite estudiar un máster en Asuntos Públicos con un planteamiento integral y transversal.
¿Y desde la empresa privada?
La empresa privada es quien más ha avanzado en profesionalizar la gestión de intereses, porque han entendido que hay un impacto directo en su negocio. En mi opinión, la clave es que el área de asuntos públicos se extienda a más empresas y que se nutran de profesionales preparados que aporten método.
¿Qué le falta hoy al sector de los Asuntos Públicos?
El sector está en un estado de forma óptimo. Lo que cabe esperar es que siga creciendo y consolidándose como una industria de referencia que atrae talento y genera riqueza.
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