Cada 3 de mayo, se conmemora el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Bajo este contexto, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) denuncia que el 76% de las personas espera más de seis meses para obtener el grado de discapacidad.
Así lo indica el informe preliminar “Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad” elaborado por la entidad. Para el 94% de estas personas, la espera ha supuesto una vulneración de sus derechos.
Irregularidades en el proceso de valoración
Entre las principales irregularidades identificadas, a partir de una encuesta a más de 600 personas de todo el país, se destaca que en el 60% de los casos no se ha tomado en cuenta la afectación en la vida diaria de las personas, ignorando aspectos como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el grado de dolor experimentado.
Además, el 55,5% de los encuestados asegura que durante el proceso de valoración no se han tenido en cuenta todas las pruebas e informes aportados. El 63% señala que tampoco se han valorado las múltiples enfermedades o trastornos que tienen.
Por otra parte, desde que se está aplicando el nuevo baremo, se ha producido un incremento del 6% en el número de personas que no consiguen el grado mínimo para tener reconocida una discapacidad (33%).
“Existe una carencia significativa de recursos y formación para el personal encargado de la valoración, lo que provoca que las personas estén siendo mal valoradas y no puedan acceder a los recursos dirigidos a promover la igualdad de oportunidades”, afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Diferentes derechos según dónde vivas
La falta de equidad y de cohesión territorial está haciendo que, según donde vivan las personas, tengan derechos diferentes. En este contexto, COCEMFE exige la aplicación inmediata y de manera integral del nuevo baremo de discapacidad, que garantice una valoración adecuada y equitativa para todas las personas.
Desde la Confederación también instan a las administraciones a hacer un esfuerzo de cohesión y que apuesten por la equidad poniendo en marcha medidas con para dotar de recursos humanos y técnicos a los centros de valoración, de manera que puedan atender con rigor y de manera correcta a las personas de todo el territorio nacional.
Obtener la valoración del grado de discapacidad es la puerta de acceso al sistema de derechos establecidos en nuestro país para una persona con discapacidad. Si no se tiene esta acreditación se queda fuera del sistema. La Convención establece el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los mismos derechos y beneficios que el resto de la población, sin discriminación por lo que “es urgente invertir en recursos humanos y materiales para garantizar un despliegue efectivo del nuevo baremo. Sin presupuesto adecuado y recursos suficientes, se seguirán vulnerando los derechos de las personas con discapacidad”, concluye el presidente de COCEMFE.
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