El presidente del Gobierno ha aprovechado una entrevista concedida a La Vanguardia para explicar cuál es su plan para limitar a la prensa con la que no comparte línea editorial. Las amenazas que anunció la pasada semana se materializarán el próximo mes de julio.
En declaraciones al director de La Vanguardia, Jordi Juan, Pedro Sánchez ha asegurado que usará la ley de libertad de los medios de comunicación aprobada por el Parlamento Europeo como marco. Escuda sus ataques a parte de la prensa abogando por la pluralidad y la transparencia: “Nuestra obligación es consolidar unos medios de comunicación plurales, diversos, con información veraz”.
La intención del Ejecutivo ha sido entendida por muchos medios de comunicación y periodistas como un ataque directo a la libertad de prensa. Concretamente, se percibe como una agresión hacia una parte de la prensa crítica con las decisiones del Gobierno que no cuenta con el beneplácito del presidente.
Para entender mejor la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el tema de los medios de comunicación, basta con observar las publicaciones de ciertos medios que parecen actuar como portavoces oficiosos del gobierno. Es notable el caso de Infolibre y El País, con la SER como vuvuzela, que se han convertido en las avanzadillas de la ofensiva gubernamental contra la “maquinaria del fango”, término que engloba a todos los que no le bailen el agua a Moncloa.
En el sector es ‘vox populi’ que ciertas piezas de ambos medios son los rompehielos de la estrategia del Gobierno. Esto se ha comprobado en temas como la publicidad televisiva y la titularidad de los medios. Además, hay quienes ya están preparando material sobre las conexiones, los contratos y los accionistas de dichos medios, algunos de los cuales todavía tienen que explicar muchas cosas.
El plan del Gobierno pasa por remodelar dos leyes: la ley orgánica del derecho a la rectificación y la ley orgánica del derecho al honor. Según Sánchez, esto se hace “para acabar con la impunidad de algunos tabloides”. Esta reforma legal es vista por muchos como un intento de silenciar a la prensa crítica y proteger al Gobierno de las investigaciones incómodas.
No será la única estrategia que el presidente del Gobierno utilizará para frenar a la prensa crítica. También está en el punto de mira del presidente la financiación de los medios de comunicación. La asignación de la publicidad institucional será una herramienta de presión para los medios que no se alineen con el Ejecutivo.
Este hecho ha colmado la paciencia de buena parte de la profesión periodística, que interpreta estas decisiones como un intento del Gobierno por favorecer a los medios afines. De hecho, muchos han recriminado a asociaciones como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) el silencio que mantienen a pesar de estos ataques que amenazan la libertad de prensa en nuestro país.
En conclusión, mientras el Gobierno argumenta que estas medidas buscan garantizar la pluralidad y la veracidad en los medios de comunicación, muchos periodistas y medios independientes ven en ellas un peligroso ataque a la libertad de prensa y un intento de consolidar un control gubernamental sobre la información. La situación se presenta tensa y con un futuro incierto para la independencia de los medios en España.
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