Semanas después de que se le reclamase una condena por la “amenaza del Gobierno a los medios de comunicación”, finalmente la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se ha pronunciado a este respecto. Cabe recordar que Pedro Sánchez anunció que en julio propondrá un plan de acción democrática para “acabar con la impunidad de algunos pseudomedios”.
“La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) quiere hacer constar que, hasta la fecha, no ha sido informada ni consultada sobre el contenido de las mismas”, ha explicado al inicio de un comunicado. En esta línea, la APM manifiesta “su deseo de participar en un debate sobre una iniciativa que afectará al trabajo de los periodistas”.
Por otro lado, señalan que “cualquier medida que pueda tener una repercusión sobre el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho a la libertad de información recogida en la Constitución española debe ser adoptada con sumo cuidado y, en ese sentido, reclama conocer si el Gobierno se está apoyando en algún grupo de expertos en la materia y, en ese caso, quiénes lo conforman”.
Asimismo, consideran “positiva la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que tiene como principal objetivo salvaguardar la libertad, el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial, así como evitar los intentos de injerencias de los poderes públicos en la labor de los periodistas y lograr una mayor transparencia sobre los propietarios de los medios de comunicación y los fondos que reciben”.
Por otro lado, la APM manifiesta su deseo de “conocer también cómo se configurará el órgano regulador que tendrá la responsabilidad de supervisar la aplicación del citado estatuto. En cualquier caso, considera imprescindible que en ese órgano -que debe tener un carácter independiente- haya miembros de las organizaciones profesionales de periodistas más representativas”.
“A la espera de conocer en qué se concretan los anuncios del presidente del Gobierno y para contar con una opinión fundamentada, la APM ha solicitado a expertos en Derecho Constitucional un informe sobre la necesidad o no de las reformas y en qué pueden afectar al ejercicio de la libertad de información”, concluyen.
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