Representantes de más de 35 organizaciones en España han firmado un manifiesto mediante el cual piden “Medidas urgentes” para mejorar la salud democrática y lo han llevado al Congreso, la mañana de este 17 de julio, para hacérselo saber al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que en la tarde presentó su “Plan de Acción por la Democracia”. Consideran que la regeneración democrática sólo es posible si se elabora de manera democrática, por lo que reclaman que se tomen medidas prioritarias en dicho plan.
Entre las entidades se encuentran la Asociación de Profesionales de las Relaciones Industriales APRI, la Asociación de la Prensa de Madrid APM, Greenpeace, el Consejo de la Juventud de España, Equipo Europa y otra treintena. Todas expresan su profunda preocupación por la falta de consulta a la sociedad civil y a organizaciones especializadas durante la elaboración de este plan, subrayando que “la participación activa de estos actores es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de las reformas propuestas”.
Los responsables de las organizaciones firmantes señalan que el presidente del Gobierno, “reconociendo la creciente desconfianza hacia las instituciones, calificó hace unas semanas de imperativa la renovación de las estructuras democráticas a través de un plan integral de regeneración democrática que se presenta este 17 de julio en el Congreso de los Diputados”. Sin embargo, recuerdan en el manifiesto las áreas en las que el Gobierno debería implementar medidas de manera prioritaria y urgente.
Consideran que los organismos europeos como la Comisión Europea, a través de su informe sobre el Estado de derecho en España, y el Consejo de Europa, mediante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), han señalado reiteradamente áreas críticas donde España debe mejorar para asegurar el pleno respeto a los principios democráticos y la transparencia en la gestión pública.
Falta transparencia
Entre las principales medidas que propone el manifiesto se encuentra reforzar la transparencia y el acceso a la información, reconociendo el derecho de acceso a la información como derecho fundamental o regulando la transparencia y participación de los grupos de interés o lobbies en los procesos de elaboración de normas y políticas públicas.
Asimismo, proponen medidas para mejorar la calidad normativa y la seguridad jurídica, evitando el abuso del decreto-ley y la promulgación de normas que generen incertidumbre, incoherencias o redundancias con otras existentes.
En el caso de la participación ciudadana, que la Constitución consagra en el artículo 23.1, el manifiesto propone la activación de mecanismos innovadores como paneles y asambleas ciudadanas o la reforma del derecho constitucional de petición ante las diferentes administraciones para convertirlo en una herramienta ágil y eficaz al servicio de la ciudadanía.
Falta un Código Ético para funcionarios y políticos
Dado que la integridad y la rendición de cuentas son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia, el manifiesto urge la adopción de un código ético obligatorio para funcionarios y políticos, así como mecanismos robustos para evaluar y resolver conflictos de interés, como la publicación proactiva de las declaraciones de bienes de altos cargos, funcionarios públicos y parlamentarios, así como la creación de una oficina independiente y con capacidad de imponer sanciones a quienes violen regulaciones sobre conflictos de interés.
En cuanto a la separación de poderes, piedra angular del sistema democrático, las entidades rubricantes insisten en la importancia de que cada institución actúe respetando el resto de poderes y autoridades. Para fortalecer la independencia del poder judicial proponen la mejora del sistema de nombramientos de puestos judiciales superiores reforzando criterios objetivos y transparentes que reduzcan la discrecionalidad, aseguren la independencia y refuercen la imparcialidad del sistema judicial.
Falta información
Finalmente, el manifiesto llama a implementar acciones para preservar la salud informativa de la ciudadanía, combatiendo la desinformación mientras se respeta la libertad de información y se preserva el pluralismo de los medios.
Esto incluye la promoción de la educación mediática, la garantía de transparencia en la financiación de los medios de comunicación, y la implementación de una buena gobernanza, y rendición de cuentas en los medios de titularidad pública. Así como garantizar el ejercicio pleno en España de los derechos a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación.
En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones democráticas es fundamental, las organizaciones firmantes llaman a las instituciones democráticas a mejorar la democracia con la participación de todos y reafirman su compromiso de colaborar activamente con el Gobierno y otras instituciones para asegurar la implementación efectiva de estas medidas.
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