Pedro Sánchez ha vuelto a ganar tiempo en su guerra personal con los pseudomedios. A pesar de que había anunciado que el 17 de julio aprovecharía su comparecencia en sede parlamentaria para avanzar las medidas que propondría para avanzar en lo que ha llamado plan de regeneración democrática, ha anunciado pocas novedades.
Ante la falta de medidas concretas ha seguido manteniendo como base las directrices que se han pactado en Europa recientemente, y ha asegurado que centrará sus esfuerzos en “salvaguardar y proteger a los periodistas y garantizar el pluralismo”.
No obstante, el presidente del Gobierno ha insistido en acusar a la oposición de seguir comprando tabloides y líneas editoriales. Además, ha anunciado que invertirá 100 millones de euros -de los fondos europeos- en la digitalización de los medios de comunicación, además de reforzar el derecho a la rectificación de la ciudadanía y una nueva reforma de la le mordaza, para la libertad de expresión.
Falta de medidas concretas
A lo largo de su discurso, Pedro Sánchez ha introducido pocas novedades al respecto. Sigue sin aclarar cuáles serán los medios afectados por este plan ni ha presentado propuestas concretas. Tan sólo ha asegurado que en las próximas semanas comenzará una ronda de contactos con partidos políticos y representantes de la sociedad civil y asociaciones para escuchar y compartir propuestas.
Si ha explicado que pretende llegar a un consenso para la propuesta de nuevas medidas que engrosen lo que él mismo ha llamado un “plan de acción por la democracia”, que ponga freno a las fake news. Por su parte, algunas asociaciones de medios se han mostrado reticentes a esta comparecencia. Una de ellas ha sido la APM que, a través de un comunicado, ha mostrado sus reservas sobre quiénes tendrán acceso a los fondos públicos que ha anunciado el Gobierno.
Desconfían de Pedro Sánchez después de haber solicitado ser uno de los representantes de la sociedad civil para aconsejar en el desarrollo de esas medidas, sin recibir contestación. Recuerdan al Gobierno que las directrices de Europa están centradas en rechazar que “se pueda actuar desde el poder contra quienes honestamente publican informaciones contrastadas”.
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