Según han transmitido diferentes medios en la mañana de este jueves, LLYC, la prestigioda consultora española ha recibido una demanda por parte de una de sus ex empleadas. La mujer argumenta que su despido fue improcedente y que vulneró los derechos fundamentales. En concreto, en el escrito realizado pide al juez que declare nulo su despido y se la indemnice con 90.000 euros.
La empleada fue despedida el pasado 13 de mayo mediante una carta, tras dos años y medio en la consultora. Realizaba funciones de office manager, jefa del equipo de recepción y de las secretarias. También operaba como asistente ejecutiva de la chief operating officer, del director del área de Deportes y del director de Finanzas de Europa. En total, según su versión, lideraba un equipo de 11 personas, tres de ellas discapacitadas.
Pues bien, según la afectada, el motivo de su despido fue “una represalia por advertir irregularidades e incumplimientos por parte de la empresa de sus obligaciones laborales con las personas discapacitadas”. Además, tenía intención de convertirse en representante de los empleados y formar parte del Comité de Empresa, algo que nunca sucedió y es ahí donde se encuentra, precisamente, el origen de la disputa.
Como jefa de equipo, la demandante tenía que preparar una propuesta de revisión salarial de sus integrantes en febrero de 2024. Pues bien, según su versión de los hechos, repartió el importe disponible “intentando ser lo más equilibrada posible” y propuso subidas para las 11 personas. La sugerencia fue revisada por el Departamento de Talento, que modificó las cifras y dejó fuera del aumento a los trabajadores con discapacidad que integraban el equipo.
Así, explica que ante esta situación, “puso una reclamación (…) solicitando que le explicaran la justificación de esta medida, que a priori parecía injusta y discriminatoria, solicitando que al menos le explicaran el criterio de esta decisión, más teniendo en cuenta que los salarios totales de estos trabajadores son muy bajos, sobre todo de uno de los chicos, que apenas cobra 8.000 euros anuales y un 3% de esa cantidad era algo insignificante para la empresa”.
LLYC no dará declaraciones hasta tener la demanda
Sin embargo, la versión de la compañía varía bastante de sus palabras. La empresa alegó que este despido era el resultado de causas organizativas, ya que su puesto iba a ser amortizado, “lo que, unido a la disminución de la actividad, nos obliga a proceder la extinción de su contrato de trabajo“. Algo que la trabajadora sigue desmintiendo y sostiene que esas razones no han podido ser comprobadas.
Dos semanas después de su marcha, la consultora publicó un anuncio ofertando el puesto tanto en su web como en redes sociales, algo que pone en duda las razones confirmadas por la consultora. Mientras que, sus compañeros de trabajo sostienen que en los últimos años se han producido importantes cambios en la firma y que ha habido otros despidos, y en el caso de la demandante, prefieren no hace valoraciones, pero resaltan que “quizás la casa no estaba contenta con esa trabajadora“.
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