El Consejo de Ministros ha aprobado, este 17 de septiembre, un ‘Plan de Acción por la Democracia‘ que engloba cambios en el poder legislativo y en el ejecutivo, así como una serie de exigencias a los medios, que no ha dejado a nadie indiferente. Uno de los grupos de interés que más rápido han reaccionado han sido los lobistas. Agrupados en la Asociación de Profesionales para las Relaciones Institucionales (APRI), han emitido un comunicado, en el que muestran su preocupación.
“APRI celebra el anuncio del Gobierno de incluir una Ley que regule la actividad de los grupos de interés (lobbies) en su ‘Plan de Acción por la Democracia‘. Sin embargo, una vez más, manifiesta su preocupación porque ésta se incluya en un nuevo Plan, en lugar de implementarse de manera efectiva”, encabeza el texto.
Alegan que ya han pasado más de 10 años desde que un presidente del Gobierno anunciara su intención de regular los lobbies, pero España sigue siendo uno de los grandes países de la Unión Europea que aún no cuenta con una regulación específica sobre los grupos de interés.
Sobre la regulación y la democracia
“Para mejorar nuestra democracia, el Gobierno debe proponer de manera urgente una ley que regule la relación de los grupos de interés con el Gobierno e incluya medidas como la creación de un registro común de grupos de interés en el que figuren todos aquellos grupos o personas que intercedan en el diálogo con las instituciones, organizaciones y administraciones de todos los niveles del Estado”, explican los lobistas.
APRI incluye en su propuesta de regulación que cualquier reunión que busque influir en la toma de decisiones sea de conocimiento público y que exista una huella de actuación pública que garantice la trazabilidad de los cambios introducidos durante la elaboración de las normas. También incluye la adhesión de los grupos de interés a un código ético “y una regulación eficaz de las puertas giratorias que impida a quienes han tenido una responsabilidad pública en la elaboración de una norma trabajar en grupos de interés vinculados al área durante un periodo de tiempo razonable, evitando así conflictos de interés”.
“Para fortalecer nuestra democracia, el Gobierno debe adoptar una visión integrada y participativa que coordine de manera efectiva las diversas iniciativas. Solo con la colaboración activa de la sociedad civil lograremos una administración más transparente, inclusiva y eficiente, que responda mejor a las demandas ciudadanas y refuerce la confianza en las instituciones”, señala el presidente de APRI, Carlos Parry.
Guiados por esta visión, en APRI han impulsado y firmado un manifiesto junto a otras 40 organizaciones, reclamando reforzar la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana e independencia judicial con medidas urgentes, entre las que se encuentra la regulación de los grupos de interés o lobbies -añade Parry.
Espera activa
A la espera de conocer en detalle el texto del Plan de Acción por la Democracia y la futura ley de lobbies, APRI se pone a disposición del Gobierno y los legisladores, como viene haciendo durante todos estos años, para avanzar de la mano hacia una regulación que ayude a garantizar el mejor funcionamiento de la democracia.
Los lobistas piden que esta regulación promueva el avance en derechos fundamentales como la participación ciudadana en los asuntos públicos, consagrada en los artículos 9.2 y 23 de la Constitución española, que subraya la responsabilidad activa del Estado en crear las condiciones necesarias para garantizar que los ciudadanos puedan involucrarse activamente en la gestión y el control de los asuntos públicos.
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