Las permanencias, las portabilidades y las bajas en telecomunicaciones se han terminado convirtiendo en un dolor de cabeza para los clientes, a quienes las compañías se lo ponen fácil al principio, pero ante cualquier cambio, apelan a una letra pequeña que, o bien ocultaron o bien no explicaron al momento del alta. Es el caso del siguiente testimonio.
Se trata de un joven cliente de Orange que, ante la imposibilidad de recuperar su dinero por ninguna vía, ha acabado relatando a PRNoticias lo que considera una práctica abusiva por parte de la compañía. Los organismos encargados de velar por sus derechos tampoco le ofrecen una solución, pero su intención es alertar a otros jóvenes, los mismos que buscan piso y no lo encuentran, para que por si logran emanciparse, no les pase lo mismo.
“El año pasado, decidí contratar un servicio de Wi-Fi en una tienda de Orange, pensando que sería la solución perfecta para mis seis meses de estancia fuera de casa. Sin embargo, lo que empezó como una decisión sencilla se convirtió en una pesadilla que todavía me deja con un mal sabor de boca.
Al dar de alta el servicio, nunca se me mencionó que existía un contrato de permanencia de 12 meses. Yo había dejado claro que solo iba a estar en el lugar por seis meses, así que me negué a comprometerme a un año.
Al llegar el momento de dar de baja el servicio, devolví el router y creí que todo estaba en orden. Sin embargo, cuando intenté darlo de baja, me dijeron que debía hacerlo a través de Jazztel, la empresa que ahora pertenece a Orange, pero que tiene su propia gestión. Fue ahí donde comenzó mi frustración.
Al comunicarme con Jazztel, me di cuenta de que me habían cobrado 180 euros por un servicio que no había estado utilizando. Intenté resolver la situación de manera pacífica, solicitando la devolución del dinero, pero la respuesta fue sorprendentemente agresiva.
En lugar de ayudarme, me amenazaron con una denuncia, lo que me hizo sentir como si fuera yo quien hubiera cometido un error. Esta experiencia ha dejado claro para mí que la falta de transparencia en los contratos y la confusión entre empresas del mismo grupo son problemas serios que afectan a los consumidores.
Me sentí atrapado en un sistema que no tiene en cuenta las necesidades reales de sus usuarios. La burocracia y la falta de comunicación entre Orange y Jazztel hicieron que un simple proceso se convirtiera en una lucha constante.
Lo más frustrante es que, en lugar de recibir apoyo, fui perseguido por una deuda que nunca debí tener. Esto me hace cuestionar si las empresas de telecomunicaciones realmente valoran a sus clientes o si están más interesadas en ganar dinero a expensas de la confianza y la lealtad.
Al final, esta experiencia me ha enseñado a ser más cauteloso al contratar servicios y a exigir claridad desde el principio. Creo que es fundamental que los consumidores se informen y se defiendan, pero también es urgente que las empresas cambien su enfoque y prioricen la honestidad y el respeto.
Sin cambios, estas situaciones seguirán ocurriendo, dejando a los usuarios sintiéndose engañados y frustrados”.
¿La OCU? Bien, gracias
El joven que relata esta historia, cuenta que ha intentado elevar su denuncia a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), pero la respuesta lo frustró aun más. El organismo, que se supone defiende a los consumidores, cobra alrededor de 200 euros anuales a sus socios para poder asistirlos ante una reclamación.
“Al final, para recuperar 180 euros tengo que invertir 200. Sigo perdiendo, no sólo dinero, sino también tiempo y esfuerzo”, señala.
Más indignación, si cabe, siente al saber que Alberto Garzón repartió el año pasado 8,7 millones de euros entre ocho asociaciones de consumidores, entre ellas la OCU, según The Objective. Aunque lo niegan, el Ministerio de Consumo les ido aumentando las subvenciones a tales asociaciones desde 2020 hasta acumular 9,5 millones en tres años.
El brindis al sol
La solución que ofrece el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública es que el usuario de telefonía e internet presente su reclamación ante el operador que preste sus servicios de telecomunicaciones.
Dice el organismo que, si en el plazo de un mes, el usuario no hubiera recibido respuesta del operador o la respuesta no le satisface, puede presentar su reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, que tendrá un plazo de seis meses para responder.
“Esta resolución agotará la vía administrativa y contra ella podrá interponerse Recurso de reposición, en el plazo de un mes desde su recepción o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la misma”.
Si durante todo este tiempo, el cliente sigue vivo, todavía puede consultar las web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Dirección General de Consumo, la Subdirección General de Arbitraje y las Juntas arbitrales. Vamos, un brindis al sol, eso sí, sin conexión a Internet.
Seguiremos Informando…
