A falta de que los nuevos miembros del Consejo de Administración sean respaldados por los votos del Congreso de los Diputados, comienza a avistarse cómo será la nueva etapa de Radio Televisión Española, que arrancará al compás del nuevo año.
El presidente de RTVE, que previsiblemente será José Pablo López, contará con mayor poder ejecutivo que sus predecesores. Tanto es así tendrá plenos poderes para hacer nombramientos, dar luz verde a organigramas o rediseñar las competencias de sus subordinados.
El objetivo de esta nueva legislación es poner coto a conflictos internos. El más reciente, ocurrido en marzo, acabó con Elena Sánchez -anterior presidenta interina de RTVE- y con José Pablo López cesados de sus cargos. El fichaje de David Broncano y la controversia generada a su alrededor fue la causa de aquella polémica.
El contrato de Broncano abre camino
Las riendas de RTVE las asumirá un José Pablo López cuya influencia y empeño trajo a David Broncano a la televisión pública. Un fichaje que, atendiendo a los datos de audiencia, ya muy pocos cuestionan. Su vuelta a la corporación es una maniobra del Gobierno para controlarla durante los próximos seis años.
Es por ello que fuentes del sector ven en su figura a un fiel escudero de Moncloa para dar luz verde a nuevos programas, como ya hicieran con La Resistencia (ahora La Revuelta). La oposición no ha tardado en advertir sobre esta cuestión, denunciando que RTVE sirve a los intereses del Gobierno.
Y en este río revuelto se abre una oportunidad de oro para las productoras audiovisuales, que buscan incrementar sus beneficios. El máximo responsable del ente público podrá firmar contratos sin que pasen por la mesa del Consejo. Todo ello, sin que estos tengan límite económico y con un presupuesto de hasta 300 millones de euros anuales.
Productoras que históricamente han estado vinculas al ente público se frotan las manos. Cabe recordar que durante la etapa de José Pablo López como director de Contenidos Generales, RTVE destinó 250 millones de euros en contratos fallidos a productoras externas, tal como denunció el sindicato USO.
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