La sociedad actual demanda cada vez más una comunicación institucional veraz y clara. Con la aparición de las redes sociales, las noticias falsas y los bulos han pasado a formar parte del día a día, afectando directamente a la democracia y a la imagen que la gente tiene de los partidos y del propio gobierno. En este contexto, la transparencia y la comunicación efectiva adquieren un papel aún más relevante, al ser herramientas clave para contrarrestar la desinformación y asegurar que los mensajes oficiales lleguen a la ciudadanía.
El pasado mes de junio se registró la cifra más alta de peticiones desde que se creó el Portal de la Transparencia en diciembre de 2014, lo que puso de manifiesto que cada vez más ciudadanos conocen el derecho de acceso y la posibilidad de realizar solicitudes de información, aunque todavía gran parte de la población ignora la existencia y utilidad de este mecanismo tan importante.
La evolución de la comunicación institucional
La ley de transparencia entró en vigor el 10 de diciembre de 2014, al igual que el portal. Desde entonces, los ciudadanos españoles tienen derecho a solicitar información pública a gobiernos y administraciones públicas, un derecho que se ejerce a través de solicitudes de acceso a la información pública que se pueden realizar a través de los portales de transparencia de cada administración.
A lo largo de estos diez años, la digitalización se ha convertido en una herramienta indispensable para fortalecer los principios de transparencia y en un factor clave para todas las ramas de la comunicación, incluyendo la institucional. La creación de portales avanzados, como el del gobierno, ha facilitado la navegación y la búsqueda de información por parte de los ciudadanos, y la incorporación de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial en algunos ayuntamientos ha permitido analizar y publicar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, reforzando la percepción de modernización y eficacia en las instituciones públicas.
Los retos que plantea la digitalización
Pero la digitalización no sólo porta consigo avances, sino también retos. El aumento de noticias falsas y la manipulación de la información en el entorno digital complican la difusión de mensajes oficiales. Esto obliga a las administraciones a redoblar esfuerzos para garantizar la calidad, veracidad y accesibilidad de sus contenidos, especialmente en redes sociales, que se han consolidado como un canal clave para la interacción directa con la ciudadanía.
Asimismo, ha aumentado la dificultad para alcanzar a toda la población, especialmente a colectivos vulnerables como personas mayores, personas sin acceso regular a internet o residentes en zonas rurales, lo que amplía la brecha digital y deja a estos grupos en una situación de desventaja informativa. La falta de habilidades digitales, dispositivos adecuados o una conexión estable a internet limita su capacidad de acceder a información pública relevante, participar en procesos administrativos online o beneficiarse de campañas de comunicación institucional. Esto plantea un reto adicional para las administraciones públicas, que deben diseñar estrategias inclusivas que combinen formatos digitales con métodos más tradicionales, como la comunicación presencial, los medios impresos o las líneas telefónicas, para asegurar que ningún ciudadano quede al margen.
Además, las instituciones deben equilibrar la transparencia con la protección de datos personales, ofreciendo información suficiente para garantizar la rendición de cuentas sin comprometer la privacidad de los individuos.
Y es que el futuro de la transparencia y la comunicación institucional en España pasa por una mayor inversión en recursos técnicos y humanos, especialmente en los niveles administrativos más bajos, es decir, en ayuntamientos y administraciones públicas municipales y autonómicas, que suelen enfrentar mayores dificultades debido a sus limitaciones presupuestarias y de personal. Estas entidades, al ser la administración más cercana a la ciudadanía, desempeñan un papel crucial en la difusión de información pública y en la atención a las demandas locales, pero, sin los recursos adecuados, corren el riesgo de ofrecer contenidos desactualizados, canales poco accesibles o una menor capacidad para contrarrestar la desinformación que circula en redes sociales y medios digitales. Por ello, resulta imprescindible apostar por la modernización de estas administraciones, asegurando que las plataformas digitales sean inclusivas y lleguen a todos los ciudadanos, independientemente de sus habilidades tecnológicas.
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