En España, el déficit de vivienda anual es de 185.000 y, según el Banco de España, la falta de viviendas podría cifrarse en 600.000 unidades este 2025. No en vano, el tema se perfila como uno de los más álgidos de este año, y la Ley de Vivienda, su eje central.
Moncloa ha defendido este 8 de enero la Ley de vivienda explicando en su web que el objetivo es “ayudar a aquellos colectivos con más dificultades de acceso a este bien con medidas como el límite al precio del alquiler o el impulso de las viviendas públicas”.
El contenido se difunde en pleno debate -entre otros- sobre la llegada del nuevo índice que calculará la subida del alquiler, y la eliminación de la ‘Golden Visa’ aprobada por el Gobierno de Rajoy para extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en una vivienda.
En paralelo, el Partido Popular airea su Ley de vivienda en el Senado, donde tiene mayoría, para hacer que el PSOE se retrate en temas como la okupación y la inquiokupación, la ley del suelo o las ayudas y deducciones para ayudar a que los jóvenes accedan a una vivienda. Todos en el tapete. El objetivo es llevar en breve las conclusiones al Congreso de los Diputados.
Estas dos visiones contrapuestas de la Ley de vivienda polarizan, no sólo las posturas del legislador, sino las de la sociedad. Las más de 30 organizaciones que convocaron el pasado mes de octubre una manifestación en Madrid para reivindicar que la vivienda es un derecho, no es un negocio, esperan respuestas, no más allá de 2025.
La visión de Moncloa
Moncloa defiende que la Ley de Vivienda incluye medidas para aumentar la oferta a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda. Asimismo, señala que ofrece a comunidades autónomas y municipios diferentes herramientas que contribuirán a contener o reducir el precio del alquiler y a aumentar el parque de vivienda en alquiler social.
En teoría, defiende la creación de un Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda que ofrece información sobre el coste del alquiler en cada zona, y que contempla una serie de medidas para contener los precios, como beneficios fiscales para los arrendadores que faciliten el acceso asequible al alquiler y un incremento máximo anual del alquiler, a partir de este año, según el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (denominado con las siglas IRAV).
Más polémica causan la prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento por situaciones acreditadas de vulnerabilidad social o económica, la ampliación de los plazos de suspensión de los desahucios y la definición de “vivienda vacía” para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellas que lleven vacías más de 2 años.
La visión de la oposición
La Ley de vivienda del Partido Popular propone incrementar la oferta, apoyo económico y fiscal, protección a propietarios, compradores y vulnerables, así como la garantía de la seguridad jurídica y la disminución de la burocracia urbanística. “Ninguna protección a quienes ocupan ilegalmente”, ha dicho recientemente el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Para el PP es “imprescindible” aprobar reformas ambiciosas que frenen la escasez de vivienda, den apoyo económico y fiscal a quien ahorre para comprar una vivienda, proteja a quienes cumplen –propietarios, inquilinos, compradores o vulnerables– y no a quienes ocupan ilegalmente.
Argumentan que, después de seis años de gobierno socialista, existe “una situación de excepcionalidad” en el acceso a la vivienda porque dejar recaer toda “la responsabilidad, el esfuerzo y los costes en propietarios, inquilinos y promotores no ha funcionado”. “Al revés, las medidas del Gobierno han empeorado el problema”, subraya Feijóo.
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