A cien días del trágico 29 de octubre de 2024 para la Comunidad Valenciana y otros municipios del sudeste de España, en el que la fuerza de la naturaleza se llevó río abajo la vida de 227 personas y dejó pérdidas superiores a los 1.448 millones de euros y otros 3.000 millones en términos de PIB (Femeval), miles de afectados siguen buscando una normalidad que tardará mucho en volver, mientras los lobbies se siguen moviendo en todas las direcciones.
Atrás ha quedado el escándalo del lobby de Teresa Ribera, entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, que ese día estaba en Bruselas a propósito de su candidatura como comisaria en la Comisión Europea, y un mes después, el 28 de noviembre, lo consiguió tras el sí que Europa le dio a Von der Leyen. También ha quedado atrás el escándalo que implicaba a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, en la captación de fondos para los afectados de la DANA a través de StockCrowd, plataforma impulsada por el empresario Carlos Barrabés, ambos imputados por pertenecer a la misma trama que actuaba a través del máster de la UCM en el que la esposa de Sánchez era directora.
Cien días después, de lo que más se habla es de la causa que lleva la magistrada Nuria Ruiz, titular del juzgado de primera instancia e instrucción 3 de Catarroja, que investiga 75 muertes en el entorno de su municipio, la más antigua sobre la DANA que sigue abierta, y la que también incluye a más víctimas. Este 6 de febrero, la jueza ha dado cinco días al Gobierno de Carlos Mazón para que aporte el nombre del funcionario que envió la alerta por SMS aquel día a las 20:11 de la noche.
El presidente de la Generalitat Valenciana, que un mes después de la DANA propuso crear un ‘lobby valenciano’ para presionar en Madrid sobre los asuntos que preocupan a los valencianos, con el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy responde sobre el día de la tragedia: “Entre las 16:15h y las 18:43h la Confederación Hidrográfica del Júcar no dio ninguna información sobre la crecida que se estaba produciendo en la Rambla del Poyo. Es un hecho incontestable”. Lo ha dicho en su red social X a propósito del audio que circula del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en el que admite el apagón informativo de ese día, a esas horas, y reconoce la versión dada por la Generalitat.
La pelota ha pasado así al tejado del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo discurso gira ahora hacia el lado de “la cordura” para “dedicarse a trabajar”, en boca de la delegada en la Comunitat, Pilar Bernabé (PSOE), la misma que ha puesto sobre la mesa el lobby que habría hecho el Gobierno de España ante von der Leyen para pedir el cacareado Fondo de Solidaridad Europeo, acusando a mediados de enero a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de montar un “circo” en Bruselas, cuando esta denunció que a la fecha no había petición formal de tales fondos, tal y como afirmaba la propia Comisión Europea. “Las personas que están sufriendo no merecen que estemos todo el día aquí viendo a quién le voy a echar la culpa hoy, es que ya no se puede soportar”, ha lamentado Bernabé este 6 de febrero frente a los periodistas cuando visitaba Godelleta (Valencia).
“Unos por otros, la casa sin barrer”
Cien días después, también se habla del lobby ciudadano y otras iniciativas, aunque menos. Se trata de asociaciones que siguen denunciando los problemas de los afectados y la gestión inadecuada de una emergencia que se pudo evitar, aquellos que ven cómo unos por otros se echan las culpas.
Destaca la acción de la Asociación de Damnificados Horta Sud de València, compuesta por un centenar de víctimas, que el pasado 29 de enero presentó una querella contra la exconsellera Salomé Pradas; el exsecretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso; el actual director general Alberto Martín Moratilla; la funcionaria Inmaculada Piles, jefa de servicio de Emergencias, y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, daños, prevaricación omisiva y omisión del deber del socorro. Es la primera de una asociación de afectados directos.
Otra iniciativa social: Mai Més (Nunca Más), se posiciona en esta línea. Es un “colectivo ciudadano sin adscripción partidista” conformado por “personas con trayectoria en el activismo social y político valenciano que, ante la magnitud del desastre y la pasividad de las instituciones (tanto autonómicas como estatales) y los partidos de la oposición, decidimos organizarnos para exigir responsabilidades y evitar que el olvido sepulte la verdad y la justicia”, según explica esta organización en un comunicado. Su propuestas es llevar a cabo una querella penal contra los responsables de emergencias de la Generalitat que estuvieron presentes aquel día, y otros responsables. Sus impulsores entienden que existen “indicios claros de homicidio imprudente”.
Y por si fuera poco, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha denunciado este 31 de enero la existencia de contagios de sarna entre los efectivos que han trabajado en la zona, exigiendo una “declaración urgente” por parte del Ministerio de Defensa. Explican en un comunicado que el ministerio “no informa” de los contagios de sarna que se están produciendo entre los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en Valencia para que “pase desapercibido y no salga a la luz”. Denuncian que “la profesión militar es de alto riesgo y debe ser tratada con la seriedad que merecen”.
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