“Esto va a hacer que suban los costes de producción en algunas explotaciones puesto que ya con esta subida vuelve a superar el salario que está establecido en los convenios provinciales. No podemos entender que este tipo de medidas no se anuncien con suficiente antelación como para poder negociar los contratos agrícolas”. Así se ha pronunciado este 11 de febrero el responsable relaciones laborales de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Andrés Góngora, tras la confirmación en Consejo de Ministros del aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 a 1.184 euros mensuales en 14 pagas.
La organización, que da servicio a más de 150.000 agricultores y ganaderos a través de sus 220 oficinas en todo el territorio nacional y una delegación permanente en Bruselas, ha reaccionado así al anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Y ha puesto sobre la mesa su reclamo: “medidas excepcionales para el sector agrario”, tal y como lo ha anunciado en sus redes sociales.
A partir de ahora, y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, la cuantía retributiva mínima percibida por un trabajador en España se incrementa en 50 euros al mes y en 700 euros al año. La medida beneficiaría a casi 2,5 millones de trabajadores, según Moncloa.
ASAJA ha dicho lo mismo: “Golpe al campo. La nueva subida del SMI ahoga a los agricultores. Más costes, menos flexibilidad y sin bonificaciones”. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores exige “soluciones YA antes de que muchas explotaciones desaparezcan”, ha dicho en un comunicado.
El presidente de esta organización, Pedro Barato, considera que “cualquier subida del salario mínimo es inasumible en el campo. Desde 2016, el incremento ha sido del 80%, lo que está llevando al límite a muchas explotaciones”. Explica que el coste real de esta subida para el empresario agrícola será de 1.925€ por trabajador y que, además, de este importe, el trabajador verá descontados 720€ en cotizaciones e IRPF, “un aspecto que el Gobierno no aclara y que afecta directamente a los asalariados del campo”.
“Nos enfrentamos a una tormenta perfecta: más costes, más rigidez y menos trabajadores. Si no se toman medidas, muchas explotaciones desaparecerán”, ha alertado Barato.
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