El Consejo de Ministros ha estudiado, este 25 de febrero, el anteproyecto de ley que adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. El texto contempla la modificación de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual para crear un registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, en el que los medios de ámbito estatal deberán inscribir y mantener actualizada información sobre su estructura de propiedad e ingresos derivados de la publicidad institucional.
Dicho registro dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y será de libre acceso para su consulta. Se crearán, además, registros autonómicos, que estarán coordinados con el registro estatal, en los que se inscribirán los prestadores de servicios de medios de comunicación de ámbito autonómico.
También establecerá un nuevo procedimiento para evaluar el impacto sobre el pluralismo mediático de las operaciones de concentración en el mercado de los medios de comunicación, cuando esas operaciones involucren a medios que superen determinados umbrales de audiencia o volumen de negocio que se fijarán reglamentariamente.
También modificará los servicios digitales
La futura norma también modificará la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para designar a la CNMC como coordinador de servicios digitales, otorgándole amplias competencias de control, supervisión, inspección y sanción sobre las plataformas digitales.
Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos será la responsable de supervisar las disposiciones relacionadas con la prohibición de publicidad basada en categorías especiales de datos personales o en el perfilado de menores.
“Estamos hablando de propiciar que los proveedores de servicios de internet tengan que establecer canales de denuncia de contenidos ilícitos, exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online”, ha dicho el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en su intervención en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
“Con esta iniciativa, avanzamos en la protección de los derechos digitales y en la defensa de la calidad de nuestra democracia. Hoy más que nunca, Europa y España deben ofrecer un espacio digital seguro donde se protejan todos los derechos fundamentales y los derechos específicos de los consumidores y usuarios. Porque lo que es ilegal offline, debe ser ilegal online”, ha subrayado López.
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