“Los lobbies, por dejar de usar eufemismos que empañan nuestra actividad, sí, buscamos influir, no desde las sombras sino con luz y taquígrafo. Influimos en la elaboración de las políticas públicas aportando conocimiento técnico a las regulaciones que nos afectan. El texto del Gobierno, orientado a mejorar la transparencia en estas actuaciones es unidireccional, liberando de toda responsabilidad al personal público”. Así de claro habla Israel Sánchez, Account Director Energy & Industry and Legislative Intelligence at Rud Pedersen, sobre la práctica del lobby en España.
La posición del experto refleja la inquietud de gran parte de los profesionales que se dedican a los Asuntos Públicos en España. La recoge en un texto titulado El reto de regular la influencia publicado recientemente en el blog de Rud Pedersen, donde explica que “la experiencia en otros países europeos sugiere que una regulación adecuada puede normalizar la actividad de los lobbies, fomentando un diálogo más abierto y responsable entre las instituciones, las empresas y la sociedad civil”.
En un diálogo con PRNoticias, Israel Sánchez amplía su visión sobre la necesidad de que España cuente, cuanto antes, con un instrumento que regule al sector, más apegado a la transparencia que a la burocracia, desde la perspectiva de la responsabilidad de todos los actores: lobbies y personal público por igual. Dicho instrumento facilitaría la conexión de la sociedad con la clase política, algo que a su juicio, está hoy totalmente desconectado.
¿Cómo ha evolucionado el proyecto de ‘Ley de Transparencia y de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés’ anunciado hace dos años?
Para conocer el origen tenemos que remontarnos a noviembre de 2022. María Jesús Montero, por aquel entonces ministra de Hacienda y Función Pública, sin rango de vicepresidenta, señaló que el Proyecto era el “compromiso del gobierno con la mejora de la calidad democrática de nuestro país”. Sin embargo, las elecciones de 2023 dejaron al Proyecto lejos de su tramitación, que no llegó siquiera a entrar en el Congreso. Ahora, año y medio después, es el ministro Óscar López el encargado de sacarlo adelante dentro del ‘Plan de Acción por la Democracia’.
El Proyecto Ley de Transparencia y de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés es una iniciativa deseada por todos los profesionales que nos dedicamos al lobby. Supone un hito importante para que nuestra labor se profesionalice y se reconozca como una actividad legítima, útil y transparente para la sociedad en su conjunto. Así, de una vez por todas podremos operar bajo un marco regulatorio claro que elimine la percepción de oscurantismo que tanto ha fomentado Hollywood y que está en las antípodas de nuestra realidad.
¿Y en qué punto se encuentra hoy
Actualmente se encuentra en periodo de enmiendas a la totalidad en el Congreso, esta vez sí ha iniciado su tramitación parlamentaria. Ahora la incógnita es cuándo se aprobará. Un Proyecto de Ley tarda, de media, cinco o seis meses en tramitarse, dependiendo de los trabajos de cada Comisión, de si pasa a Pleno o no, y de lo que se vote en el Senado. Así que todavía hay tiempo de mejorar la norma si es que hay voluntad política y si no se activa el botón de las elecciones.
¿Supondrá un aumento de la burocracia?
Uno de los aspectos fundamentales de la Ley radica en la creación del Registro de Grupos de Interés, dependiente de Oficina de Conflictos de Intereses. Una vez constituido, todo grupo de interés deberá inscribirse y mantener actualizados sus datos. Esto es burocracia, sí. ¿Es útil? Si sirve para que exista una verdadera transparencia, bienvenida. Eso sí, debería ser asumible para todos.
Aquí entra en juego la interoperabilidad de los registros. No es lógico que exista un registro a nivel nacional, 19 a nivel autonómico y 8.131 a nivel local, además del de la CNMC. Es decir, que el nacional debería estar vinculado con todas las administraciones susceptibles de influencia y no generar registros por doquier. Creo que un único registro, similar al de asociaciones del Ministerio del Interior, vinculado a todos los niveles, sería más que suficiente.
¿Quedan en desventaja las entidades pequeñas?
No es lo mismo que una gran corporación con muchos recursos asuma la necesidad de registrarse en varios registros a que lo haga una pequeña asociación. Las dos hacen lobby, y las dos deberían tener la posibilidad de defender sus intereses con las mismas garantías.
¿Qué ‘cabos sueltos’ consideras que tiene la normativa vigente para regular la participación de los funcionarios públicos?
Considero que hay tres principales cabos sueltos en este Proyecto de Ley. El principal sería la interoperabilidad de los registros, pues serviría para el fomento de una verdadera transparencia y no para crear burocracia sin sentido. El segundo aspecto serían el alcance de las sanciones y las excepciones a la norma. En el Proyecto de Ley, las sanciones están orientadas únicamente para los lobbies, sin mencionar las sanciones para el personal público susceptible de recibir influencia.
Cierto es que la ley se dicta al amparo de la potestad de autoorganización de la Administración General del Estado. Pero considero que sería muy positivo, tanto en aras de la transparencia como del fomento en las instituciones públicas que en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado quedara explícito que, en caso de no cumplir con sus obligaciones en el marco de las relaciones con los grupos de interés, también estuvieran sujetos a sanciones.
En cuanto a las excepciones, sería positivo reducirlas a la mínima expresión. Según el texto, el personal público se podrá reunir con lobbies sin que estén registrados pero que hayan manifestado su intención de hacerlo en los próximos tres días. Creo que, si se habilita a los lobbies para que operen desde el momento en el que presentan su solicitud, se evitarían problemas y nos ahorramos que en una norma tan importante ya se contemplen excepciones.
El último cabo suelto considero que tiene que ver con la continuidad de la Huella normativa. Es una medida muy importante para saber en qué momento, cómo y quién ha influido en la elaboración de una norma. Entiendo que la Huella normativa de la Administración debe seguir su camino y la del Congreso el suyo, pero ya que el Congreso se encuentra inmerso en la elaboración de su propia normativa para dar transparencia a la influencia, estas dos huellas deberían ser interoperables. También sería positivo que el Senado aplicara la huella normativa en su tramitación, por pedir que no quede.
¿Cómo repercute en materia de transparencia y confianza la falta de sanciones para los funcionarios públicos?
En línea con lo comentado anteriormente, si se matiza en el Proyecto de Ley que las sanciones son bidireccionales servirá para que todos los actores juguemos dentro de las mismas reglas. Así, de una vez por todas, aunando esfuerzos y responsabilidades, seremos capaces de consolidar la transparencia y mejoraremos la confianza en las instituciones por parte de la sociedad civil y del tejido empresarial.
¿Qué le piden los lobistas al legislador para que no existan estos u otros ‘cabos sueltos’?
Pedimos lo que toda la sociedad pide a los políticos, que nos escuchen, se pongan en nuestro lugar y ofrezcan soluciones satisfactorias a nuestros problemas del día a día.
Somos lobistas, estamos más que preparados para ofrecer el conocimiento y la perspectiva técnica de nuestra profesión. Creemos firmemente en los procesos de participación pública, desde las consultas y audiencias públicas hasta los debates en las Cortes Generales, sabemos cómo afrontar estas situaciones.
Tenemos muy interiorizada la ética y la transparencia en nuestro trabajo diario, ahora queremos que se nos regule. Les pedimos que la ley no sea un brindis al sol, sino que sea verdaderamente eficaz.
Escucharnos está en su tejado.
¿Qué importancia tiene para los lobistas que se regule de una vez la profesión?
Llevo casi una década dedicándome al lobby y, desde el minuto uno, escuché por parte de los mejores profesionales de este país, con los que he tenido la suerte de trabajar y de aprender, que necesitábamos una regulación eficaz para nuestra profesión. Hoy, tras mucho trabajo, puedo afirmar que la necesitamos por varios motivos.
Necesitamos una transparencia real para dignificar nuestra profesión y acabar con la mala imagen asociada a la corrupción, los favores y los conseguidores; tenemos que dar certidumbre a nuestros clientes, a sus operaciones y a sus inversiones en nuestro país y es fundamental reforzar la democracia, la transparencia y la confianza en las instituciones.
¿Y para la sociedad?
Tiene la máxima de las importancias. La desconexión que la sociedad actual tiene con la clase política solo se soluciona volviendo a unir dos realidades que parecen antagónicas. La transparencia que nos ofrece la huella normativa de cualquier iniciativa nos va a permitir entender, como ciudadanos de a pie, por qué una ley es como es y por qué se ha modificado, obteniendo información veraz y no dejándonos influir por quienes únicamente generan ruido.
Seguiremos Informando…
