El Gobierno continúa dando pasos en la aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación con un nuevo anteproyecto de ley que traerá importantes cambios para la prensa, la radio y la televisión en España.
Uno de los puntos más polémicos es la creación de un registro obligatorio de transparencia que será supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este registro exigirá que los medios escritos y radios de ámbito estatal declaren públicamente su titularidad y la publicidad estatal que reciben.
Según se ha conocido recientemente, aquellos que no lo hagan podrían enfrentarse a multas de hasta 100.000 euros. En el caso de las televisiones, las sanciones dependerán de sus ingresos: desde 30.000 euros para las que facturen menos de dos millones al año hasta 750.000 euros para las que superen los 50 millones.
El anteproyecto de la “ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación“, también establece sanciones más severas para los casos de concentración de medios que afecten la pluralidad informativa.
En estos casos, las multas pueden alcanzar los 200.000 euros para prensa y radio, mientras que las televisiones podrían pagar hasta 1,5 millones de euros, según sus ingresos. Además, el proyecto contempla castigos por incumplimientos menores, como no garantizar la independencia en las decisiones editoriales o no declarar conflictos de interés. Las multas en estos casos varían entre 10.000 y 150.000 euros, dependiendo del tamaño del medio.
Otro aspecto relevante es la regulación de los sistemas de medición de audiencias. No cumplir con los requisitos metodológicos o no someterse a auditorías anuales puede costar a los proveedores hasta 100.000 euros en sanciones.
Redes sociales y plataformas digitales también bajo la lupa
El anteproyecto también extiende el control a plataformas digitales como redes sociales, buscadores y otros servicios online. Para estas empresas, las sanciones pueden ser mucho más elevadas: hasta el 6% de su facturación mundial si incumplen normas clave como la prohibición de anuncios dirigidos a menores o la falta de respuesta a órdenes regulatorias.
También podrían enfrentarse a multas del 1% de sus ingresos por proporcionar información falsa o negarse a inspecciones. La ley seguirá su trámite por la vía de urgencia y se espera que llegue al Parlamento en mayo. Su aprobación supondrá un nuevo marco regulador para los medios y plataformas digitales en España, con la CNMC como principal organismo de control.
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