La Comisión Europea ha recomendado que los ciudadanos de la Unión Europea dispongan de un kit de emergencia en sus hogares, capaz de sustentar a una familia durante al menos 72 horas sin asistencia externa. La razón sería estar preparados para una crisis, como desastres naturales, conflictos geopolíticos, pandemias y ciberataques. Pero ¿se trata de una medida preventiva o es una respuesta a una amenaza real?
David Cierco, director de Public Affairs en Acento, estima que el objetivo principal es reforzar la resiliencia ciudadana ante un entorno internacional caracterizado por su alta volatilidad. “No se trata de una reacción a una amenaza puntual, sino de una medida estratégica basada en la previsión”, explica a PRNoticias.
Cierco, también experto en Economía Digital y Defensa, asegura que la Comisión Europea parte de una premisa clara: “En un mundo donde las crisis pueden producirse de forma simultánea y afectar a servicios básicos en cuestión de horas, es necesario preparar a la población para ser autosuficiente al menos durante los primeros tres días”.
Asegura que lo que la Comisión Europea busca es una ciudadanía que no dependa completamente de la respuesta institucional, sino que esté capacitada para actuar con autonomía en un primer momento. “Esta nueva lógica de seguridad civil sitúa al ciudadano en el centro de la preparación”, advierte y así responde a las principales inquietudes que giran en torno a este inquietante anuncio.
¿Por qué ahora y no antes?
Porque ahora hay evidencia acumulada. La pandemia de COVID-19 mostró cómo una emergencia sanitaria puede colapsar sistemas en toda Europa. La guerra en Ucrania ha evidenciado el impacto directo que puede tener un conflicto en el suministro de energía, alimentos o materiales estratégicos. Y los ciberataques recientes han demostrado la vulnerabilidad de las infraestructuras digitales. Además, la aceleración de fenómenos climáticos extremos ha puesto en cuestión la capacidad de reacción ante desastres naturales. Este conjunto de factores ha convencido a Bruselas de que ya no basta con confiar en la protección estatal: hay que trasladar parte de la capacidad de respuesta al plano individual y familiar.
¿Cree que la medida guarda relación con la guerra en Ucrania, las tensiones con Rusia o la inestabilidad en otras regiones cercanas?
Sí, claramente. Aunque la Comisión no lo explicite, la recomendación se produce en un contexto de creciente militarización en Europa, con un conflicto abierto en el este del continente y tensiones geopolíticas con Rusia, China y otros actores globales. También influye la inestabilidad en regiones próximas, como el norte de África o el Sahel. Esta recomendación no debe leerse como una previsión de guerra inminente, sino como una adaptación prudente al nuevo entorno estratégico. En este contexto, fortalecer la preparación de la población civil forma parte de una defensa integral europea, que combina disuasión militar con resiliencia social.
¿Hasta qué punto es posible una interrupción del suministro de energía, agua o alimentos como un riesgo real en Europa?
Es un escenario plausible. Ya en 2022 y 2023, varios países europeos vivieron tensiones energéticas graves derivadas del corte de suministros rusos. También hubo episodios de escasez temporal de ciertos alimentos y medicamentos. A esto se suma la dependencia tecnológica de terceros países para componentes críticos y la posibilidad real de ataques a infraestructuras como plantas eléctricas, redes hidráulicas o sistemas logísticos. El riesgo no es solo físico, sino también digital: un ciberataque bien dirigido puede paralizar redes completas. Por eso, la recomendación de prepararse para 72 horas de autonomía no es alarmista, sino realistas.
¿Existen informes o evaluaciones recientes que indiquen un aumento en la probabilidad de emergencias en Europa?
Aunque esta estrategia concreta no se basa en un único informe, forma parte de un proceso más amplio de revisión de las políticas de seguridad y defensa civil de la UE. En los últimos años, diferentes agencias europeas y nacionales han advertido del aumento de vulnerabilidades tanto físicas como digitales. El propio Informe Estratégico Anual de Riesgos de la Comisión y los planes de seguridad energética, alimentaria y climática reflejan un cambio de enfoque: la previsión y la preparación civil pasan a ocupar un lugar central en la estrategia europea. Además, el contexto internacional obliga a reforzar la autonomía estratégica de la UE también en la dimensión civil.
¿Hay algún precedente en cuanto a medidas de seguridad civil en Europa?
Sí, y cada vez son más visibles. Francia anunció recientemente un “manual de supervivencia” para todos los hogares, con pautas claras ante crisis de diversa índole. Suecia y Finlandia ya cuentan desde hace años con sistemas sólidos de preparación ciudadana, que incluyen desde reservas de emergencia hasta cursos de formación. La novedad es que ahora estas iniciativas empiezan a formar parte de una estrategia común europea, que busca armonizar estándares, compartir recursos estratégicos y fomentar una cultura de preparación colectiva. La propuesta de Bruselas se inscribe en esta evolución hacia una defensa civil europea más coherente y transversal.
¿Cree que esta recomendación puede generar alarma innecesaria en la población?
Dependerá del enfoque comunicativo. Si se presenta de forma técnica y educativa, como una medida de prevención razonable —al igual que tener un botiquín en casa o realizar simulacros de evacuación—, puede reforzar la confianza ciudadana. Pero si se transmite sin contexto, puede generar ansiedad o la falsa sensación de que se avecina un escenario extremo. Por eso, el reto está en construir un relato que no dramatice, pero que sí apele a la responsabilidad cívica. Prepararse no significa desconfiar del Estado, sino complementarlo. Y una población informada y tranquila es parte fundamental de la seguridad nacional.
¿Qué repercusión puede tener esta medida en la toma de decisiones de empresas e instituciones europeas? ¿Cuál es su recomendación en este sentido?
Las empresas y administraciones deben asumir que la preparación ante emergencias ya no es un ejercicio teórico. La gestión del riesgo, la continuidad de negocio y la protección de las cadenas de suministro deben actualizarse con esta nueva cultura de resiliencia. Esto implica revisar protocolos, formar al personal, diversificar proveedores y garantizar una capacidad mínima de respuesta ante cortes o interrupciones. Instituciones públicas y privadas deberían además coordinarse mejor, compartir escenarios de riesgo y participar en simulacros conjuntos. La recomendación de Bruselas es también una oportunidad para construir entornos más robustos, conscientes y capaces de adaptarse rápidamente frente a lo inesperado.
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