Prisa continua siendo un polvorín. Las últimas horas han deparado acontecimientos de consecuencias imprevisibles para el futuro cercano de la compañía. Tras aprobar la ampliación de capital y la refinanciación de la deuda, los accionistas afines al Gobierno han presentado una demanda.
El objetivo del inversor franco armenio, creen, era hacerse con el control financiero y editorial, reduciendo el peso de los accionistas minoritarios en el capital del grupo. Los accionistas españoles pretenden demostrar que el presidente de Prisa ha abusado de su poder, pues la refinanciación de la deuda también incluía una cláusula donde, según los denunciantes, pretende blindar su continuidad en el cargo.
En caso de que el juez admita la demanda a trámite, pues Joseph Oughourlian se defenderá solicitando un aval de 100 millones de euros por parte de los demandantes. De ser concedido, el empresario parisino lograría salirse con la suya y el acuerdo de refinanciación saldría adelante.
En caso contrario, si los accionistas afines al Gobierno ganaran la demanda, el acuerdo caería. Sería entonces cuando Oughourlian pasaría al contraataque, con una demanda de 815 millones de euros, el valor total de la deuda del grupo.
Con esta estrategia, el máximo accionista de Prisa trata de meter presión a sus rivales para que desistan en sus intentos por sacarle de Prisa. Un objetivo que persiguen desde que Oughourlian se opuso a presentarse al concurso licitado por el nuevo canal TDT, conocido coloquialmente como “Tele-Pedro”.
La guerra interminable
Con esta última maniobra, la guerra de Prisa continúa escalando y suma un nuevo capítulo a su guerra particular. El control de la compañía lleva semanas enfrentando a dos facciones; por un lado, los empresarios afines al Gobierno, entre los que se cuentan Andrés Varela Entrecanales, Adolfo Utor o Diego Prieto.
El otro “bando”, capitaneado por un Oughourlian que figura como máximo accionista, y que tiene como aliado a Vivendi y accionistas minoritarios como el mexicano Carlos Slim o el Banco Santander.
La situación actual, pese a las continuas maniobras del grupo díscolo de accionistas cercanos a la Moncloa, no invita a pensar en un cambio de poder. Oughourlian tomó el control de la compañía con la ampliación de capital y su intención es mantenerse hasta 2029.
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