Los eurodiputados, miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, se reúnen este 19 y 20 de mayo con representantes del Gobierno español y de las Cortes Generales. El objetivo es evaluar los obstáculos que dificultan la ratificación de la reforma electoral de 2018 en España. Sin embargo, la jornada del lunes 19 ha sido incompleta, en tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, se no han recibido a los eurodiputados, relegados a una directora general.
Entre otros cambios, dicha reforma prevé la introducción de un umbral electoral nacional obligatorio, de entre el 3 % y el 5 % para la asignación de escaños en países con una única circunscripción electoral, como es el caso de España. Pero imponer ese umbral podría dejar fuera del Parlamento Europeo a Junts, que en 2024 sacó un escaño con el 2,52 %, y a la coalición CEUS de PNV y CC, que obtuvo el último escaño con el 1,63 %. También perjudicaría a Sumar, Podemos, Se Acabó la Fiesta y la coalición de ERC-Bildu-BNG, que cosecharon entre el 3,3 y el 5% de los votos.
La reforma busca, fundamentalmente, armonizar las prácticas para las elecciones al Parlamento Europeo en todos los Estados miembros de la UE. Todos los parlamentos nacionales deben ratificarla conforme a sus procedimientos constitucionales, pero España es el único Estado miembro que aún no la ha ratificado.
La delegación parlamentaria está presidida por el eurodiputado Sven Simon (PPE, Alemania), e integrada por Adrián Vázquez Lázara (PPE, España), Loránt Vincze (PPE, Rumanía), Ana Miguel Pedro (PPE, Portugal), Borja Giménez Larraz (PPE, España), Juan Fernando López Aguilar (S&D, España), Idoia Mendia (S&D, España), José Cepeda (S&D, España) y Juan Carlos Girauta Vidal (PfE, España).
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