“Más claro, imposible: lobby no es corrupción. Los profesionales exigimos una regulación urgente y sin excusas que ponga fin a la confusión y a la opacidad. Somos miles de personas en España quienes nos dedicamos a los asuntos públicos, las relaciones institucionales o al lobby, y ejercemos nuestra profesión de forma ética y transparente. No queremos que se nos confunda con prácticas irregulares que nada tienen que ver con nuestra actividad profesional y que, además, ya están tipificadas en el Código Penal”, Carlos Parry.
El presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales APRI, se ha pronunciado en sus redes sociales tras la difusión del comunicado que ha hecho la organización en respuesta a algunas informaciones conocidas en las últimas semanas relativas a presuntos casos de corrupción y malas prácticas protagonizadas por representantes y exrepresentantes públicos de distintos partidos políticos, y ante la confusión creciente sobre qué es y qué no es el lobby.
“El lobby es una actividad profesional legítima, necesaria y plenamente reconocida en los sistemas democráticos avanzados, que consiste en la interlocución de la sociedad civil con los poderes públicos. El desarrollo adecuado y transparente de esta actividad —que contribuye de forma directa a mejorar la calidad de las políticas públicas y el proceso de toma de decisiones— requiere que se deje de generalizar y se dote de un marco normativo claro y exigente para todas las partes implicadas: tanto para los poderes públicos como el grupo de interés o lobby que pretende hacerle llegar al Gobierno o parlamentario sus propuestas”, reza el comunicado.
Asimismo, recuerda que el lobby es una actividad profesional legítima y necesaria que consiste en la interlocución estructurada, transparente y ética entre la sociedad civil y los poderes públicos, con el objetivo de trasladar propuestas, datos y argumentos que mejoren las políticas públicas. Esta práctica responde a un derecho fundamental recogido en el artículo 23 de la Constitución Española: el derecho a participar en los asuntos públicos.
“Los profesionales de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby reclamamos con urgencia una ley que ponga luz y taquígrafos a la interlocución público-privada y ayude a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones. Una regulación clara, transparente y eficaz, como la que solicitan para España instituciones como la Comisión Europea y el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) servirá también para delimitar con precisión qué es y qué no es el lobby, aportando seguridad jurídica, protegiendo el derecho a participar en los asuntos públicos y liberando esta actividad profesional de la sombra de sospecha que a menudo proyectan sobre ella algunos medios de comunicación, la opinión pública e incluso algunos representantes políticos. Solo desde la transparencia, la trazabilidad y el reconocimiento normativo podremos construir un espacio de interlocución legítimo, ético y abierto al conjunto de la sociedad”, concluye APRI.
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