El Gobierno ha afirmado haber abonado ya 7.500 millones de euros en ayudas a los afectados por la DANA del pasado 29 de octubre, pero los datos oficiales publicados en la web de La Moncloa desmienten esta cifra. Según la documentación oficial actualizada el 21 de julio, la Administración central reconoce haber pagado un total de 5.875 millones, lo que supone una diferencia de 1.625 millones con respecto a lo anunciado. Además, dentro de ese montante figuran conceptos que no pueden considerarse ayudas directas del Gobierno, como indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o créditos del ICO.
Una revisión exhaustiva de los datos demuestra que al menos 3.386 millones abonados por el Consorcio y 51,5 millones pagados por Agroseguro han sido indebidamente computados como ayudas estatales. Ambas entidades tienen personalidad jurídica propia y no dependen del presupuesto público, por lo que sus indemnizaciones no pueden considerarse ayudas gubernamentales. A ello se suman otros conceptos, como moratorias bancarias (910 millones) o inversiones en infraestructuras, que se han presentado como ayudas cuando no lo son.
El cálculo real ajustado, restando todas estas cifras, reduce el importe de ayudas directas abonadas a 2.437 millones de euros, lo que representa apenas un 14,6% del total de los 16.600 millones que el Gobierno asegura haber movilizado. En total, la cifra oficial ha sido inflada en 5.062 millones, según la comparación de los datos publicados por el propio Ejecutivo.
Más allá de la controversia sobre las cifras, la ejecución de las ayudas presenta graves problemas. Aunque se han transferido 1.745 millones a 78 ayuntamientos para la reconstrucción de infraestructuras, la mayoría no ha podido utilizarlos por falta de recursos técnicos y administrativos. Además, 28 municipios valencianos, con una población total de 80.000 personas, han sido excluidos del plan de ayudas estatales pese a los daños sufridos.
Las ayudas de primera necesidad, dirigidas a las familias que perdieron vivienda y enseres, también avanzan con lentitud. Sólo 5.191 familias de las 43.592 que las han solicitado han recibido apoyo económico, lo que representa un 11,9%. Esto deja a más de 38.000 hogares sin ninguna ayuda, con una deuda estatal pendiente estimada en 635 millones de euros.
Finalmente, sectores como el automovilístico o el deportivo tampoco han recibido respuesta efectiva. El Ejecutivo se niega a exonerar el IVA a quienes han tenido que comprarse un coche nuevo tras perder el suyo en la DANA, y las ayudas a instalaciones deportivas aún no se han materializado. Nueve meses después del desastre, el balance real de las ayudas estatales dista mucho del relato ofrecido por el Gobierno.
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