Las nuevas revelaciones sobre los presuntos intentos de soborno a los fiscales anticorrupción Grinda y Stampa salpican de lleno a un “periodista” al que tan sólo un medio ha mencionado con nombre y apellidos en esta nueva entrega de la ‘fontanería’ de Pepe Gotera montada en Ferraz.
Las últimas informaciones que apuntan a la presencia de un periodista en los intentos de soborno a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda por parte de Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset han levantado una intensa polvareda. Y es que la mayor parte de los medios han preferido correr un tupido velo sobre dicha figura, hablando únicamente de un “periodista” que habría ejercido como intermediario en los presuntos intentos de soborno. Salvo María Perez, en ‘El Español’, que ha mencionado el nombre de forma clara, y alguna otra rara excepción: Pere Rusiñol.
Rusiñol es un viejo conocido que ya entró de lleno en la trama de la ‘fontanería’ socialista el pasado mes de junio, cuando fue señalado como un intermediario en la intentona que sufrió el fiscal anticorrupción Grinda. Entonces, después de que éste informase sobre cómo se le habían ofrecido contraprestaciones a cambio de cerrar varios casos y de aportar datos con su jefe, el fiscal general anticorrupción Javier Luzón, el nombre de Rusiñol saltó a la luz protagonizando un episodio rocambolesco. Y es que la Fiscalía de Madrid echó el cierre a la denuncia -ahora retomada junto a la del fiscal Stampa- alegando la imposibilidad de localizar al periodista.
Un periodista que, precisamente, no parece que anduviese en la clandestinidad. Rusiñol, que estuvo vinculado a ‘El País’ y a ‘Público’ (donde ejerció como adjunto al director), es editor de la revista ‘Mongolia’ y, según parece, responsable de algunas de las informaciones más serias proporcionadas por la misma. Además, ha colaborado en diversos medios, como ‘Eldiario.es’ del clan Escolar y es ampliamente conocido en los círculos de la izquierda mediática y catalanes por ser considerado el “azote de Jaume Roures”, que le ha intentado empurar en los juzgados, con escaso éxito, en alguna ocasión.
También está ligado a la revista ‘Alternativas Económicas’, que cuenta entre sus promotores a nombres como Josep Borrell, Ignacio Escolar, Joaquín Estefanía, Soledad Gallego-Díaz o el consultor Antonio Gutiérrez-Rubí, entre otros muchos. Una publicación que, según ‘The Objective’, ha recibido más de 600.000 euros en subvenciones procedentes del Ministerio de Cultura y de la Generalitat catalana.
Eso no ha impedido que Rusiñol, en su momento, publicase una tribuna en ‘El País’ en la que cargaba contra la proliferación de nuevos medios digitales salidos, según él, de la “financiación institucional con dinero público de la Comunidad de Madrid”.
Curiosamente, y según ‘The Objective’ también, ‘Mongolia’ recibió 15.000 euros para llevar a cabo cuatro pases de su obra de teatro ‘Chistes contra Franco’ en el marco del 50º aniversario de la muerte del dictador. Un aniversario que, al final, parece haberse quedado como mera excusa para untar con dinero público a los ‘amiguetes’ del Gobierno.
El mensajero de la ‘cloaca’
A pesar de su evidente proyección pública, a la Fiscalía de Madrid le resultó imposible conocer el paradero del periodista. Ahora, sin embargo, se ve obligada a mover ficha ante las graves acusaciones de los fiscales Stampa y Grinda.
Este, en particular, ya puso sobre el tapete cómo se había citado con Rusiñol el 27 de febrero en un encuentro en el que el periodista le entregó un papel para que lo leyera y, posteriormente, se lo quitó. Según Grinda, el papel apuntaba que si proporcionaba información contra su jefe, Luzón, y echaba el cierre sobre siete causas judiciales, recibiría contraprestaciones, empezando por un destino en el extranjero. Al parecer, ahora se vincula dicha oferta con la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez.
No deja de ser llamativo que entre esas causas se encuentre la de Zed, que implica de lleno al presunto empresario ‘justiciero’ Javier Pérez Dolset, metido también las cloacas del PSOE bajo cobertura de un supuesto periodismo de investigación y con una acusación de fraude en subvenciones por valor de 30 millones de euros y la presunta detracción de cerca de otros 40 de Zed, quebrada en 2016.
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