Este 19 de agosto, dos congresistas republicanos de EE. UU. solicitaron al Departamento de Comercio que investigara el contrato de 12,3 millones de euros adjudicado al Ministerio del Interior de España para que Huawei gestione escuchas telefónicas judiciales (sistema OceanStor 6800V VS). España defiende que no supone ningún riesgo de seguridad, pues el sistema está aislado, sin conexión externa, y se utiliza únicamente para investigaciones judiciales, no inteligencia. Pero EE. UU. no piensa lo mismo.
Richard Hudson, republicano por Carolina del Norte, y Gus Bilirakis, republicano por Florida, miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, argumentan que los supuestos vínculos de Huawei con el Partido Comunista Chino representan un riesgo para la seguridad nacional de EE. UU. y sus aliados. Por eso han pedido la investigación.
Pero las tensiones diplomáticas entre la nueva administración de EE. UU. y España van más allá. El puerto de Algeciras ha sido excluido del Programa de Seguridad Marítima, priorizando el puerto marroquí de Tánger-Med. Oficialmente se aducen motivos operativos y de coste, pero el contexto incluye tensiones por decisiones españolas como la negativa a permitir atracar buques estadounidenses con destino a Israel.
Tensiones con EE. UU.
En medio de la guerra comercial global desatada por los aranceles de Trump, el pasado mes de abril, España dio un paso para algunos cuestionable, para otros acertado: se reunió con China para colocar en este mercado sus cerezas y productos porcinos. La firma de los acuerdos se llevaron a cabo el día 11, y tres días después, el 14 de abril, el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, viajaba a Washington D.C. para aliviar las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito económico y comercial.
Entonces, el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó un comunicado frío y escueto en el que recordó que España tenía que aumentar su gasto en defensa en el contexto de la OTAN, y eliminar el impuesto sobre servicios digitales (“tasa Google”). España, por el contrario, calificó el encuentro como “constructivo” y “útil”. Carlos Cuerpo expresó que percibía una “voluntad de negociación por parte de EE. UU.”.
Tensiones con Europa
A comienzos de julio, la Comisión Europea exigió a los Estados miembros restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G, ya que la empresa “representa un riesgo mucho mayor” que otros proveedores. Thomas Regnier, portavoz de Soberanía Tecnológica, insistió en que no actuar con rapidez supone un riesgo para toda la Unión.
Y el 25 de julio, en el Parlamento Europeo se registró una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión —iniciativa del eurodiputado español Jorge Buxadé Villalba (Vox)— cuestionando si el citado contrato con Huawei se ajusta a las recomendaciones comunitarias y si la Comisión evaluará los riesgos de seguridad asociados.
“¿Qué medidas piensa adoptar para garantizar que las decisiones unilaterales de Pedro Sánchez no comprometan la seguridad de la Unión?”. La pregunta está pendiente de respuesta.
Tensiones en España
El Partido Popular (PP) ha criticado duramente la decisión del Gobierno de España de contratar a Huawei para gestionar las escuchas. Acusa al Gobierno de poner en riesgo la seguridad nacional y la de los aliados, ha exigido comparecencias parlamentarias y ha pedido los expedientes e informes de ciberseguridad que avalaron el contrato.
Cabe recordar que en noviembre de 2019, el Ministerio de Defensa envió una comunicación interna dirigida a todas sus unidades con el asunto “Restricciones al uso de los Sistemas de Información del Ministerio de Defensa”, en la que instaba a desconectar inmediatamente los dispositivos de Huawei (como móviles o tablets) si estaban conectados al correo corporativo o a cualquier sistema interno del ministerio, aunque después aclaró que no se trataba de un veto a Huawei, y Huawei aseguró no haber recibido notificación oficial alguna sobre esta restricción.
A día de hoy, además del contrato en cuestión para almacenar escuchas, Huawei sigue teniendo un papel significativo en las redes de acceso, especialmente dentro de MasOrange y Vodafone.
Ha trascendido que la Casa Blanca ha dado a España un plazo hasta el 31 de agosto para cancelar el contrato con Huawei, bajo amenaza de recortar la cooperación en inteligencia si no se cumple, generando la duda de si tal coste compensa los 12,3 millones de euros del contrato que España ha firmado con la empresa china, o hay algo más.
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