Cada verano, cientos de hectáreas arden en Europa -sobre todo en España- con graves consecuencias ecológicas, económicas y sociales. La Unión Europea destina importantes fondos a través de distintos mecanismos para prevenir y mitigar los efectos de los incendios, pero la efectividad del uso de estos fondos en España está siendo objeto de debate.
El problema de los incendios forestales en España es que afectan a la biodiversidad, al carbono almacenado en los bosques y a la salud de los ecosistemas, y esto preocupa a toda la Unión Europea. Y es que las estadísticas no mienten.
España está a la cabeza, tanto en número de hectáreas quemadas como en número de grandes incendios. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), España suele estar entre los tres primeros países de la UE en superficie quemada cada año. En 2022, por ejemplo, España fue el país con más hectáreas quemadas de toda Europa, con más de 300.000 hectáreas afectadas. Le siguen Portugal, Grecia e Italia.
Principales fuentes de financiación
Entre las principales fuentes de financiación que la Unión Europea destina a este tema destacan los Fondos de Cohesión y FEDER: para proyectos de desarrollo rural, gestión forestal y prevención de riesgos naturales. También está el Programa LIFE: financia iniciativas ambientales, muchas de ellas centradas en prevención de incendios, restauración de ecosistemas y resiliencia climática.
Otras fuentes de financiación son el programa NextGenerationEU y el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR), que incluyen inversiones en transición ecológica y lucha contra el cambio climático, con una parte destinada a gestión forestal y prevención de incendios. Y está RescEU (mecanismo de protección civil), que financia medios aéreos, equipamiento y coordinación para actuar ante emergencias como incendios forestales.
¿Qué pasa en España con esos fondos?
La fragmentación de la gestión es uno de los problemas que enfrenta España a la hora de gestionar los fondos europeos. La competencia forestal está descentralizada en comunidades autónomas, lo que genera desigualdades en la capacidad de absorber fondos y aplicarlos eficazmente.
Otra razón es la burocracia y lentitud en la ejecución de fondos europeos, especialmente los de NextGenerationEU. También para que España mantiene un enfoque reactivo más que preventivo: se sigue invirtiendo más en extinción que en prevención estructural, como la ordenación del territorio o recuperación del medio rural. Los afectados refieren también que uno de los principales problemas es la falta de coordinación y planificación a largo plazo entre ministerios, regiones y ayuntamientos.
Algunos informes del Tribunal de Cuentas Europeo han alertado de que varios Estados miembros, entre ellos España, no están priorizando adecuadamente la prevención pese a la disponibilidad de recursos.
Para la reflexión
Aunque España ha accedido a cantidades significativas de dinero europeo para prevenir incendios, no siempre lo está utilizando de forma óptima. Hay avances notables en proyectos concretos y en la inclusión del tema en la agenda climática nacional, pero aún predomina un enfoque fragmentado y reactivo.
Mejorar la coordinación entre administraciones, priorizar la prevención estructural y reducir la burocracia en la ejecución de fondos son pasos clave para garantizar que ese dinero cumpla su propósito.
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