Las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) han provocado una ola de críticas desde Europa. La Unión Europea ha calificado estas medidas de “inaceptables” y ha reafirmado su compromiso con la independencia del tribunal, considerado un pilar fundamental del sistema de justicia internacional. En esta línea, el Gobierno de España se ha sumado a la condena europea, lamentando profundamente las acciones de Washington y expresando su pleno respaldo a la labor de la CPI y a los funcionarios afectados.
“España lamenta profundamente el anuncio de nuevas sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional; en esta ocasión, contra dos magistrados y dos fiscales. Ante estas nuevas acciones contra la independencia de la Corte Penal Internacional, España reitera su más firme apoyo a este alto tribunal, y expresa su solidaridad y apoyo a los jueces y fiscales afectados y a todo el personal de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional recibe su mandato de los 125 Estados miembros del Estatuto de Roma. Su labor es esencial para la rendición de cuentas frente a los crímenes más graves contra la humanidad y para la reparación de las víctimas”, señala el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación publicado este 21 de agosto.
Desde la administración estadounidense, se argumenta que la CPI ha excedido sus competencias al investigar y dictar órdenes de detención contra nacionales de Estados Unidos e Israel —países que no forman parte del Estatuto de Roma— sin su consentimiento, lo que, según Washington, socava su soberanía y pone en riesgo la seguridad nacional. El Secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a la CPI como una “amenaza a la seguridad nacional”, denunciando su actuación como “ilegítima”, politizada y basada en un abuso de poder al pretender ejercer “discreción ilimitada” sobre personas de jurisdicción estadounidense o de aliados.
Las sanciones impuestas por EE. UU. este mes de agosto (las segundas en menos de un año) podrían generar una postura cada vez más confrontada entre la administración estadounidense y la Unión Europea, que ha adoptado una postura firme de defensa institucional. En lo inmediato, el pulso diplomático entre Washington y Bruselas, podría traspasar la frontera de lo jurídico para adentrarse en lo político, con efectos sobre la legitimidad de la justicia internacional y la forma en que se juzgan crímenes de guerra. La comunidad internacional tendrá mucho que decir.
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