Alrededor de 49.000 agricultores y ganaderos valencianos, y unas 70.000 hectáreas, fueron afectados por la DANA ocurrida en la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. La cifra la confirmó entonces el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Hoy, un 6 % de estas parcelas han sido reclasificadas como Dominio Público Hidráulico (DPH), pero sus propietarios están en un limbo: no saben si recibirán ayudas, cuándo las cobrarán ni en qué cuantía.
La noticia se ha hecho viral, luego de que la Unió Llauradora, organización profesional agraria de la Comunidad Valenciana, se pronunciara para exigir compensaciones justas y proporcionales, considerando el valor patrimonial del suelo, la pérdida de productividad y el daño económico. Los afectados, además, piden transparencia administrativa, con actualización del visor SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) y notificaciones previas para poder consultar o alegar.
Este es uno de los aspectos más delicados y polémicos del proceso de recuperación de zonas agrarias tras la catástrofe, porque estas tierras han perdido su condición de explotaciones privadas agrarias y ahora son parte del Dominio Público Hidráulico, al estar en cauces, ramblas, barrancos o zonas inundables. Han pasado a ser “demaniales ex lege”, es decir, por aplicación directa de la ley (no por compra o expropiación), han sido absorbidas por el Estado como bienes públicos de gestión hidráulica, por lo tanto, no pueden explotarse agrariamente.
Un proceso lento, muy lento
Diez meses han pasado de la DANA y muchos agricultores no han sido notificados adecuadamente sobre si su parcela ha pasado a dominio público, o no. Por eso, consideran que es una “expropiación encubierta sin compensación”.
El pasado mes de abril, El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoció la problemática de la reclasificación de parcelas a DPH y estableció una compensación de 11.800 € por hectárea, según lo dispuesto en su orden de abril de 2025. Pero los afectados dicen que no han sabido nada más desde entonces.
Lo que destapa la Unió Llauradora es que no hay una comunicación oficial clara, las parcelas siguen a nombre del agricultor en el catastro, pero el SIGPAC las clasifica como no elegibles. Entonces, los afectados no saben si reclamar o esperar.
Al no poder usar la parcela, ni venderla, ni cobrar una compensación rápida, los agricultores están económicamente paralizados. Muchos de ellos han invertido en esas tierras durante años y pierden una parte importante de su medio de vida.
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