El presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry, defendió este martes 23 de septiembre ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales del Congreso de los Diputados, la necesidad de avanzar de manera simultánea en la aprobación de la futura Ley de Lobby y en la implementación del I Plan de Parlamento Abierto. Subrayó que ambas iniciativas son complementarias y que su desarrollo conjunto garantizará un marco sólido de transparencia y participación ciudadana.
“Un Parlamento más abierto solo será posible si existe una regulación clara de la actividad de lobby; y una ley que regule los asuntos públicos solo será eficaz si el Congreso ofrece la transparencia necesaria para hacerla viable”, afirmó Parry.
El presidente de APRI insistió en que la regulación del lobby en España no puede convertirse en un objeto de disputa partidista ni quedar atrapada en la negociación política. “Aprobarla es importante para nuestro sector, pero sobre todo es esencial para la democracia. Los profesionales no queremos ser rehenes de ningún interés partidista o de algún partido”, señaló. En esta línea, reclamó que los grupos parlamentarios dialoguen alejados de intereses políticos, enfatizando que la ley y la modificación del reglamento del Congreso deben abordarse desde el consenso para situar a España junto a las democracias más avanzadas de su entorno.
Las medidas que plantea el sector
Entre las medidas destacadas por APRI se encuentran la creación de un registro obligatorio de lobbies, la publicación de agendas de los diputados, la huella legislativa y normas claras para prevenir conflictos de intereses. La asociación recordó que países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos o las instituciones europeas cuentan con marcos regulatorios consolidados y advirtió que España “no puede permitirse más retrasos” en este ámbito.
La regulación, señaló Parry, no responde a una reivindicación corporativa, sino a una exigencia democrática para garantizar igualdad de acceso y normalización de la interlocución bajo criterios de transparencia.
Finalmente, Parry puso de relieve los beneficios de esta regulación: la mejora de la calidad de las políticas públicas mediante información especializada, la transparencia en la relación con los decisores y la igualdad de oportunidades entre actores del sector. Subrayó que únicamente mediante el consenso de todos los grupos parlamentarios España podrá avanzar hacia una democracia más transparente y una mayor calidad normativa, consolidando un marco sólido que beneficie tanto a la ciudadanía como a las instituciones públicas.
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