El Consejo de Ministros ha dado luz verde al concurso público para una nueva licencia de Televisión Digital Terrestre (TDT) en abierto, con los objetivos de “aumentar la representatividad” y “fomentar la innovación tecnológica”. Sin embargo, el anuncio, esperado durante meses, ha sido recibido con un frío gélido por el sector audiovisual, con los grandes grupos declinando su participación antes siquiera de abrir el pliego.
La convocatoria, que otorga una licencia renovable de 15 años a nivel nacional, nace en medio de un triple dilema: la crisis de la televisión lineal, la incertidumbre sobre su viabilidad económica y la persistente sospecha de que la licencia ya tiene un “vencedor de antemano”.
La principal sorpresa es la deserción de quien se consideraba el destinatario natural del canal: el Grupo Prisa. Los rumores señalaban que esta sería la tercera licencia que un gobierno socialista otorgaría al conglomerado de El País y la SER, con José Miguel Contreras al frente del proyecto.
No obstante, el máximo accionista, Joseph Oughourlian, frenó el proyecto a finales de febrero. Fuentes cercanas confirman que la cúpula del grupo descartó la operación al considerar que supondría un riesgo para la refinanciación de la deuda, dejando la puerta abierta a una licencia que era vista como una concesión política.
Detrás de la falta de entusiasmo se esconde una dura realidad: la caída sostenida del consumo de la televisión lineal. Los datos de Kantar Media reflejan que el consumo diario promedio de televisión en julio de 2025 fue de 184 minutos, una caída interanual del 3,6%.
Con la publicidad menguando, los grandes grupos como Atresmedia y Mediaset han virado su estrategia hacia el OTT (servicios en streaming). Atresmedia cerró un acuerdo histórico con Disney+ en septiembre, y Mediaset relanzó su plataforma como Mediaset Infinity en junio, demostrando dónde está su foco de inversión, lo que hace dudar de la rentabilidad de añadir un nuevo canal TDT.
¿Quién será el destinatario?
Con Prisa fuera de juego, la gran pregunta es quién se atreverá a dar el paso en un mercado tan saturado. La respuesta del sector es incierta. Existen grupos que ya se han descartado y quedarán, salvo sorpresa, fuera del concurso, como Telefónica, Mediapro, Henneo y Grupo Secuoya.
Por otro lado, entre los grandes grupos audiovisuales hay más dudas. Atresmedia y Mediaset se han limitado a “estudiar” las condiciones, sin confirmar ni desmentir su interés. Grupos más pequeños, como Squirrel Media o Grupo KISS Media, mantienen el silencio.
La creencia es que, pese a la falta de interés público, el concurso “nace con un vencedor de antemano”. Los rumores apuntan a la posibilidad de que empresarios críticos con Oughourlian, como Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, pudieran aliarse con figuras como Blas Herrero (Kiss Media), aunque fuentes cercanas han descartado un acuerdo por ahora.
El plazo para presentar ofertas se abre el próximo lunes, 20 de octubre, y se cerrará el 20 de noviembre. El Consejo de Ministros tendrá hasta 12 meses para resolver el concurso, que promete reconfigurar, no sin polémica, el panorama audiovisual español.
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