La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) y la Universidad de Salamanca (USAL) han suscrito un convenio de colaboración académica para fortalecer la formación, la investigación y la profesionalización del ámbito de los Asuntos Públicos.
El acto fue presidido por José Miguel Mateos Roco, vicerrector de Investigación de la USAL, y Carlos Parry Lafont, presidente de APRI. También estuvieron presentes el director y el subdirector del CIGG, Nicolás Rodríguez y Juan José Rastrollo, y su secretaria, Ana Carrillo. Por parte de APRI asistió su director general, Jorge Aliende.
“En APRI creemos esencial construir, junto a las universidades más prestigiosas de nuestro país, la profesión de los asuntos públicos. Solo mediante una investigación y una formación de calidad, de vanguardia y sólidas, fortaleceremos una práctica que aporte soluciones a los retos de nuestro tiempo y mejore el funcionamiento de nuestra sociedad democrática desde la ética y la transparencia”, ha señalado Carlos Parry, presidente de APRI, durante el acto de firma.
La colaboración prevé el impulso conjunto de estudios, publicaciones y programas de posgrado, así como proyectos que acerquen la práctica profesional al entorno universitario e integren estándares de transparencia, integridad y rendición de cuentas.
La firma se produce en un momento relevante para el sector, en pleno debate parlamentario sobre la futura ley de lobbies en España y sobre la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, textos encaminados a regular la interlocución de los lobbies con los poderes ejecutivo y legislativo, respectivamente. Tras la rúbrica, los representantes de APRI participaron en la conferencia “El arte de influir: la nueva regulación de las relaciones institucionales en España”, celebrada en la Facultad de Derecho y a la que asistieron más de cuarenta alumnos de posgrado.
Con este acuerdo, APRI reafirma su compromiso con el desarrollo de talento y la consolidación de una comunidad académico-profesional que contribuya a mejorar las políticas públicas y a fortalecer la calidad democrática mediante la consolidación de la profesión de los Asuntos Públicos.
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