El magacín de actualidad de RTVE, Directo al grano, se encuentra en el ojo del huracán tras una contundente denuncia del Consejo de Informativos (CDI). El organismo ha acusado al presentador Gonzalo Miró de “mala praxis” por incumplir la normativa de la Corporación y la Ley Audiovisual tras lanzar “graves acusaciones sin pruebas” contra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, durante la cobertura de la DANA el pasado 7 de octubre.
La polémica se centra en las “conjeturas” que Miró vertió contra el líder valenciano, cuestionando su desempeño y su estado durante la emergencia: “No sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto, estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados o cuál era su tasa de alcohol en sangre…”, opinó el comunicador en el programa.
El CDI, sumándose a la denuncia previa de los sindicatos de RTVE (CCOO), ha calificado de “inaceptable” que un presentador, cuya función no es dar opinión, lo haga con “supuestos hechos no documentados”. El organismo recordó que los formatos de TVE deben establecer siempre una “clara distinción entre los hechos y las opiniones”, evitando la difusión de rumores.
Los sindicatos ya habían criticado que “el lenguaje vulgar con el único objetivo de desacreditar al contrario no debe tener cabida en las antenas de esta empresa”, señalando el perjuicio a la credibilidad del servicio público.
La denuncia del CDI se extiende a la dirección de la cadena. El Consejo señala directamente a la directora de Magacines de TVE, Esther González Garín, por su falta de respuesta ante los requerimientos para rectificar las declaraciones de Miró.
La directora habría argumentado que el CDI “no tiene competencias sobre el conjunto de programas de actualidad de la Corporación”, una afirmación que el Consejo desmiente categóricamente en su comunicado. El CDI recuerda que tiene plenas facultades sobre los contenidos informativos emitidos en cualquier programa, aunque este, como es el caso de ‘Directo al grano’ (producido por La Osa), sea un formato externo.
Con la dirección sin rectificar y la oposición en RTVE en pie de guerra, el Consejo lamenta esta “falta de colaboración” y anuncia que estudiará “cómo actuar dentro de nuestras competencias” para garantizar que incluso el personal externo cumpla con la ética y el rigor de la televisión pública.
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