La comisión de la Ley de Transparencia e Integridad en la Actividad de los Grupos de Interés (Ley de lobbies) debía cerrar esta semana los trabajos para llevarla al último pleno del Congreso de este año, pero la reunión de este 25 de julio dejó el calendario en el aire: aunque hubo avances técnicos, aún no hay mayoría para aprobar el texto. Sin nueva fecha oficial resulta difícil que el dictamen llegue a tiempo al pleno del 9 al 11 de diciembre de 2025, por lo que, se mantiene abierta la fase de ponencia y el informe para la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Ante esta situación, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que agrupa a los profesionales de los asuntos públicos, las relaciones institucionales y el lobby en España, se ha pronunciado, y en un comunicado ha dejado clara su “profunda decepción” con el rumbo que ha tomado la tramitación parlamentaria de esta ley.
“Sería un profundo error, una vez más, que la regulación de los grupos de interés no saliera adelante. Desde APRI llevamos meses explicando la necesidad de esta regulación que sin lugar a dudas ayudaría a mejorar nuestro sistema democrático. El ‘juego’ político no es una excusa válida para los miles de profesionales que nos dedicamos a los asuntos públicos en España. Pedimos a los grupos políticos madurez y que sean capaces de ponerse de acuerdo en algo que es muy bueno para nuestra democracia”, ha dicho Carlos Parry, presidente de APRI.
“Tras más de una década de debates, recomendaciones de organismos europeos e internacionales y reiteradas llamadas a dotar a España de un marco regulatorio claro, homogéneo y exigente de las actividades de los grupos de interés, asistimos de nuevo a un escenario en el que las legítimas diferencias partidistas se imponen sobre la responsabilidad compartida de modernizar nuestras instituciones y reforzar la democracia para hacerla más transparente, plural y participativa”, reza el comunicado.
Los profesionales agrupados en APRI lamentan la “falta de altura de miras demostrada por las dos principales fuerzas políticas del país”. Dicen que la sana discrepancia en torno al tiempo y la forma en que debe organizarse la creación de la autoridad independiente que gestione el registro de transparencia previsto en la Ley no puede ser la causa de una nueva oportunidad perdida para España.
Explican en el comunicado que las opciones propuestas por PP y PSOE coinciden en que las funciones administrativas, sancionadoras y de control recaigan finalmente en una autoridad independiente específica, siendo la principal divergencia una cuestión de plazos y configuración transitoria.
Del mismo modo, resaltan que se ha planteado como punto de desencuentro la cuestión de dotar -de manera inmediata o posterior- de interoperabilidad al registro de grupos de interés con otros registros ya existentes, algo que la experiencia europea demuestra que se puede implementar desde el inicio o posteriormente y que fortalece la eficiencia del sistema.
Otro tren desperdiciado
“Estas diferencias, de carácter esencialmente técnico, procedimental y temporal, no pueden ser suficientes para impedir el avance de la ley. El resultado de estas decisiones es que España volverá a ‘perder el tren’ de una regulación sólida, coherente y ambiciosa de la actividad de lobby”, señalan los lobistas en el comunicado.
Recuerdan que esta regulación ha sido reclamada reiteradamente por los propios profesionales del sector y por instituciones como la Comisión Europea, el GRECO o la OCDE y que no acordar esta regulación reflejaría una falta de voluntad política injustificable, que invitaría a pensar que “los partidos se escudan en cuestiones menores para evitar una normativa que permita diferenciar claramente la actividad profesional, ética y honorable de los lobistas de los múltiples casos de corrupción protagonizados por distintos políticos y que nada tienen que ver con los asuntos públicos”.
Desde APRI hacen un nuevo llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias, y en particular a los dos grandes partidos, para que retomen la lógica del acuerdo y del interés general en esta materia, trabajando para lograr una regulación exigente, rigurosa y alineada con las mejores prácticas internacionales.
El comunicado de APRI cierra con la voluntad expresa de los lobistas a colaborar “desde un enfoque técnico, profesional y no partidista, con el Gobierno y con todos los grupos parlamentarios en la mejora del marco normativo, con la única finalidad de que España deje de ir a remolque y pase a situarse entre los países que abordan con seriedad, transparencia y responsabilidad democrática la regulación de los grupos de interés”.
Seguiremos Informando…
