La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está debatiendo en Bruselas, este 1 y 2 de diciembre, cuatro peticiones de ciudadanos españoles, entre ellas la falta de objetividad, pluralidad e imparcialidad en la televisión pública española y en la televisión catalana (principalmente TVE, TV3 y Catalunya Ràdio). Una de esas peticiones —originada en 2017— reclama que RTVE cumpla con los principios de independencia, neutralidad y pluralismo informativo. Para ello, el comité ha convocado al Consejo de Informativos de TVE, que comparecerá por videoconferencia este martes alrededor de las 11:15 h, con el fin de explicar su visión desde 2017 hasta la actualidad.
Según lo trasladado por los propios informativos de RTVE, la petición no se limita a revisar casos recientes, sino todo el período desde 2017. Entre las preocupaciones denunciadas figuran cambios en el tratamiento informativo: nuevas producciones, externalización de programas, especiales de “infotainment”, y una supuesta tendencia a confundir opinión e información, algo que —según el Consejo— vulnera la normativa que rige RTVE (el mandato marco, la ley audiovisual, el estatuto de la información, etc.). Estas denuncias han sido recogidas por la petición admitida.
Este examen público se produce en un contexto de vigilancia institucional más amplio: en 2025 la Comisión Europea ha expresado su preocupación por las modificaciones normativas en RTVE —como el decreto que rebaja la mayoría parlamentaria necesaria para renovar su Consejo de Administración— y ha advertido que estará “atenta” a cualquier novedad que pueda afectar a la independencia editorial del medio, en el marco del nuevo reglamento europeo sobre libertad y pluralismo de los medios.
Hasta ahora, la postura oficial del Gobierno de España ha sido —al menos públicamente— restar gravedad a las acusaciones. En una sesión de control al Gobierno celebrada el pasado 9 de septiembre, la ministra-portavoz Pilar Alegría afirmó que RTVE “cumple con el principio de pluralismo”. Pero el Partido Popular denuncia que el Gobierno —mediante el Real Decreto‑ley 5/2024— ha dado un “asalto político” a RTVE al rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para nombrar su Consejo de Administración y que ese cambio perjudica el pluralismo del órgano rector de la televisión pública, al eliminar la necesidad de un amplio consenso parlamentario.
Habrá que esperar a que la Comisión de Peticiones se pronuncie para conocer la derivada de esta denuncia. Los siguientes pasos son claros: tras la defensa de TVE, la Comisión podrá decidir si abre una investigación más amplia, solicita datos adicionales, traslada recomendaciones a las autoridades españolas, o incluso emite un informe con conclusiones sobre la necesidad de garantizar pluralidad y objetividad en el servicio público.
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