El escenario regulatorio al que se enfrenta España de cara al 2026 es de máxima relevancia tanto por su impacto directo en la competitividad de las empresas como por su influencia en la estabilidad económica, social y política del país. La intensificación de la agenda legislativa en ámbitos como el clima y la energía, la digitalización, la defensa o el Estado del bienestar, unida a un contexto de fragmentación parlamentaria y alta polarización, obliga a empresas e instituciones a anticiparse y comprender con profundidad las reglas del juego. Con este telón de fondo, en PRNoticias conversamos con Ignacio Gomá, socio de Asuntos Públicos de Kreab España, para analizar seis claves que permitirán entender el este panorama regulatorio y los sectores estratégicos que afrontarán una mayor complejidad normativa.
Con una sólida experiencia en políticas públicas, Gomá desgrana cómo deben prepararse las empresas para gestionar los riesgos regulatorios y operar en un entorno político inestable, así como las competencias que diferenciarán a los lobistas capaces de aportar valor en un contexto cada vez más técnico y exigente. Su trayectoria como abogado mercantil, asesor político en el Congreso de los Diputados y director senior de Asuntos Públicos en FTI Consulting, refuerza la apuesta de Kreab por el talento estratégico en un momento clave para el diálogo entre empresa, regulación y política.
¿Qué ámbitos regulatorios concentrarán las prioridades legislativas y por qué?
En los próximos meses veremos una fuerte actividad en transición verde y digital, defensa y protección del consumidor. España y la UE avanzan hacia marcos más exigentes en descarbonización, IA, datos y ciberseguridad. Para las empresas, esto significa mayor complejidad… pero también nuevas oportunidades si anticipan y definen adecuadamente sus objetivos estratégicos. Ahí es donde los Asuntos Públicos ayudan a traducir la incertidumbre política en ventaja competitiva. Anticipar riesgos y consolidar una voz propia en el sector será clave para proteger inversiones y captar oportunidades en cadenas de valor europeas.
¿Qué sectores estratégicos afrontarán una mayor complejidad normativa y por qué?
Los sectores más expuestos serán el energético, el digital, el financiero y salud. Son áreas clave para la transición verde y digital, así como para impulsar la autonomía estratégica de UE y España. El reto será encontrar el equilibrio entre innovación, la autonomía industrial y los derechos de los ciudadanos.
¿Cómo deben prepararse las empresas para afrontar los riesgos de estas regulaciones?
La clave está en evolucionar desde un enfoque reactivo hacia un enfoque predictivo y estratégico. No basta con reaccionar a una ley cuando ya está en trámite: hay que anticipar tendencias, evaluar impactos y participar activamente en el proceso regulatorio. Nuestra experiencia demuestra que quienes integran la dimensión político-regulatoria en su estrategia obtienen mejores resultados y más estabilidad a largo plazo.
¿Y qué necesitan saber para operar en un entorno político fragmentado, con alta polarización y acuerdos parlamentarios inestables?
Necesitan asumir que éste será el escenario estructural durante los próximos años. Por eso, las compañías deberán aprender a gestionar el riesgo regulatorio en tiempo real, controlar las dinámicas regulatorias y construir colaboraciones sólidas con aliados clave.
¿De qué manera esta polarización y dinámica territorial influirán en la tramitación y estabilidad de las normas?
La polarización ralentiza la tramitación, introduce mayor volatilidad en las enmiendas y reduce el margen para acuerdos transversales que aporten estabilidad jurídica. También eleva la presión mediática sobre determinados sectores, dificultando así debates técnicos y aumentando la exposición reputacional de las empresas. La conclusión inevitable es que la incertidumbre aumenta y la capacidad de anticipar el contexto político se vuelve esencial.
¿Qué competencias diferenciarán a los lobistas para aportar valor en este contexto regulatorio cada vez más técnico y exigente?
La función de Asuntos Públicos se ha sofisticado mucho en los últimos años. La inteligencia regulatoria, la anticipación de riesgos, la capacidad de construir coaliciones que aporten legitimidad y masa crítica y la credibilidad técnica profesional en un entorno sensible y cambiante serán cruciales en los próximos años.
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